De hecho, el Ayuntamiento de Sevilla advertía de que el juzgado daba cumplimiento al desalojo después de que a la ocupante, que no cuenta no cuenta con un certificado de vulnerabilidad por riesgo de exclusión social, se le hubiera solicitado su marcha desde marzo de 2016 y que aceptase las ayudas sociales que se le ofrecían de acuerdo con su situación socioeconómica.

Así, el gobierno local señala que se le ofreció una ayuda al alquiler durante un año y un realojo transitorio en una vivienda ofrecida por el Ayuntamiento, "siendo ambas propuestas rechazadas" por esta persona, que "no ha sido víctima de desahucio, sino que vendió su propia vivienda en una operación fechada después de la ocupación ilegal del piso de la empresa municipal Emvisesa". Esa vivienda irá ahora para una familia con dos menores víctima de un desahucio de una vivienda de promoción privada, inscrita en el registro de demandantes de viviendas y con un informe de excepcionalidad de los Servicios Sociales.

Frente a ello, Antonia, la persona desalojada este viernes y que cuenta con tres hijos, dos menores, pide soluciones para su familia, tras asegurar que las opciones que le ha ofrecido el Ayuntamiento eran "un piso compartido y un hostal". Además, explica que la vivienda fue vendida por "menos de 50.000 euros" y que ella "no ha visto ese dinero, por lo que media una querella al respecto, que está en poder de Servicios Sociales".

Afirma que tenía una vivienda propia con una hipoteca de mil euros que "no pudo abonar" al quedarse su marido en paro y con "un paro de 500 euros", acumulando "un año de impagos". Asegura que "un fondo buitre" le ofreció quedarse con la vivienda por "más de 40.000 euros y realizar una quita del resto que quedaba por pagar", pero "no he recogido ese dinero y no sé quien lo tiene". "Ha sido una estafa del banco", añade, afirmando que ahora "se ha quedado en la calle".

MESA SOBRE LAS OCUPACIONES ILEGALES

En esa línea, Honorato añade que "por segunda vez este año" Espadas ha desalojado a una familia de una vivienda de Emvisesa "sin una alternativa habitacional digna", lo que considera un "incumplimiento de los acuerdos firmados con Participa", entre los que se encontraba crear una mesa que abordará la situación de las ocupaciones irregulares de viviendas municipales. "No es un desahucio cualquiera porque es una vivienda pública", añade.

Señala que esa mesa "debería haber estudiado y evaluado cada caso en colaboración con los Servicios Sociales y los servicios jurídicos, pero no se ha hecho". Explica que la mesa se convocó con "seis meses de retraso y no ha cumplido con los objetivos para los que se creó", por lo que lo califica como "un paripé de participación".

"Con la constitución de esta mesa, también se debería haber parado el proceso judicial abierto por el Ayuntamiento", ha criticado la edil tras la ejecución del desalojo, al que la Policía Nacional "no le ha permitido asistir para comprobar cómo se efectuaba". "Es inadmisible la criminalización de la pobreza que supone todo el proceso judicial, cuando se podría resolver con un procedimiento civil", incide.

Además, desde Participa Sevilla se señala que "en los últimos meses em la mayoría de las ocasiones en que activistas por el derecho a la vivienda digna habían acudido ante una orden de desalojo se había parado". "Sin embargo, el Ayuntamiento no acepta negociar. Éste es el segundo desalojo ejecutado por el Ayuntamiento. No nos olvidamos del caso de Raquel que ha estado meses con su familia en un hostal en condiciones lamentables", según Honorato.