El director xeral de Ordenación Forestal de la Xunta, Tomás Fernández-Couto, se encuentra investigado por un presunto delito de prevaricación en una causa abierta por el juzgado de instrucción número 3 de Santiago por la adjudicación del servicio de helicópteros de lucha contra incendios en las campañas 2011, 2012 y 2013.

La instrucción se inició tras una denuncia presentada por la Fiscalía en el año 2013. Además de Fernández-Couto -que ya declaró como investigado en abril- se encuentran investigados el ex secretario xeral técnico de la Consellería de Medio Rural Francisco José Vidal Pardo y el ex subdirector xeral de prevención contra incendios José Carlos Costas López.

En estos momentos el magistrado titular del juzgado está a la espera de un informe del Seprona, que considera complejo, para poder tomar una decisión sobre la causa. "En principio, y sin perjuicio de que a la vista del informe se puedan tomar otras decisiones, esta sería la única diligencia de investigación pendiente para poder cerrar la causa", informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

En agosto de 2012, la CIG presentó ante la Fiscalía denuncia por adjudicación a Inaer de los helicópteros por lo que consideraba un delito de prevaricación al no llegar la Xunta a publicar el concurso a la que "adjudicó a dedo un contrato de 6,6 millones de euros sin el procedimiento requerido". Tras ello, Fiscalía presentó querella en el juzgado en 2013.

INFORME DE CONTAS

En un informe del Consello de Contas de 2014 figura que el contrato firmado en 2008 con Inaer fue objeto de dos prórrogas que finalizaron el 30 de diciembre de 2011, por lo que la prestación del servicio continuó en 2012 "sin la preceptiva cobertura contractual".

Al respecto, Contas consideró que la Consellería de Medio Rural "demoró en exceso la convocatoria de un nuevo procedimiento para la contratación de este servicio", pues no fue hasta el 10 de diciembre de 2012, "casi un año desde la última prórroga" que "no se convocó el procedimiento abierto" para la prestación de helicópteros y brigadas en 2013 y 2014.

En 2013, la Xunta adjudicó a Inaer el contrato de helicópteros antincendios tras declarar previamente desierto el concurso al que se habían presentado dos empresas, tanto Inaer como Helibravo Aviación, por no cumplir todas las normas del pliego.

A este respecto, Contas señala que el órgano de contratación resolvió declarar desierto el procedimiento abierto e iniciar un procedimiento negociado sin publicidad, por tramitación urgente, "pero modificando el contenido de una de las cláusulas del pliegue de prescripciones técnicas del anterior procedimiento abierto que no se adecuaba a los protocolos que fija la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de navegación". Una "modificación sustancial" en la convocatoria "con infracción de los principios de publicidad y transparencia".

QUINTANA DEFENDIÓ QUE FUE "AJUSTADO A LA LEY"

En su día, la por entonces conselleira de Medio Rural (ahora reponsable de Mar), Rosa Quintana, defendió que el procedimiento fue "ajustado a la ley", ya que tras declararse desierto el concurso "se vuelve, de acuerdo a la ley de contratos del Estado, a hacer un negociado con las dos empresas que se presentaron".

Por ello, Quintana aseguró que "la comisión de baremación selecciona la que mejor oferta hace", Inaer, al tiempo que defendía que esa decisión la tomaron técnicos que formaban parte de la comisión de valoración, en la que no participaban "cargos políticos", según aseguraba en 2013.