En una nota, desde JeC han indicado que el último dictamen del Consejo Económico y Social (CES) "reitera una serie de actuaciones urgentes del Ayuntamiento frente a la empresa Castillo", y la formación asevera que "no se trata de un hecho aislado ni de una interpretación partidista, sino que es un clamor en la ciudad que el alcalde de Jaén tiene que atender de inmediato".

"No nos podemos permitir un servicio de autobús como el que presta la empresa Castillo. Ha llegado la hora de actuar y poner fin a este abuso", ha sentenciado Manuel Montejo.

Para Jaén en Común, el Ayuntamiento tiene una "enorme responsabilidad, ya que, durante décadas, por parte de todos los equipos de gobierno, se ha venido haciendo caso omiso de la situación del transporte urbano y se ha consentido, y premiado, una prestación inaceptable, una continua situación irregular, una expropiación de dinero público y unas condiciones laborales indignas por parte de la empresa Castillo".

"El alcalde conoce perfectamente este problema y hasta ahora se ha mantenido al margen, pero ya hemos llegado a un punto en que debe actuar y defender la ciudad y a los vecinos", ha considerado Montejo, para quien, "cuando el órgano consultivo del Ayuntamiento, por enésima vez, emite un informe en el que pone encima de la mesa una problemática de este calibre, un alcalde no puede esconderse".

JeC explica que, "además de pedir que se retiren de inmediato unos tornos que afectan a la seguridad de los viajeros, al igual que han hecho más de 400 vecinos con sus firmas, el CES viene a exponer que ni la calidad, ni las condiciones del servicio son las adecuadas y, menos aún, para una empresa que sigue pidiendo más dinero, sea del Ayuntamiento a través de subvenciones, sea de los vecinos a través de subidas de tarifa que están fuera de la legalidad".

Se trata del "abuso continuo de una empresa que, acostumbrada a hacer y deshacer a su antojo durante más de 50 años, cree que Jaén está a su servicio", según Jaén en Común.

Montejo ha afirmado que "es evidente que el Ayuntamiento ha buscado siempre proteger los intereses de la empresa por encima de los de la ciudad, y así lo pone de manifiesto el que se siga permitiendo que la empresa no cumpla uno solo de los compromisos contractuales pero exija al Consistorio más de lo que la ley permite".

"¿Qué ha pasado con los paneles informativos que la empresa debía instalar?, ¿dónde están los nuevos vehículos con los que se iba a renovar la flota? Si la empresa no cumple, el alcalde debería denunciar el contrato de inmediato y enseñarles la puerta de salida", ha asegurado el portavoz de JeC antes de cuestionar la naturaleza de "un concierto que está fuera de la legalidad".

Por último, JeC ha advertido de que "no se puede ocultar ni cerrar la boca de una situación tan grave". "Ni los usuarios ni los trabajadores ni el conjunto de la ciudad deben temer nada ante el peor servicio de transporte urbano del país", ha sentenciado.