Según ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, el texto que ya cuenta con el visto bueno del Consejo Asesor de Bienestar Social, incluye como principal novedad la ampliación de la vigencia del título, que pasará de cinco a diez años, y permitirá reducir las gestiones administrativas.

De este modo, en algunas situaciones en las que ahora resulta necesario renovar anualmente la acreditación, únicamente se requerirá una declaración responsable, lo que rebajará el volumen de documentación que se debe presentar y evitará que la Administración autonómica tenga que tramitar un expediente completo en cada caso.

El decreto, que entrará en vigor a principios de 2018, recoge también los cambios legislativos que se han ido produciendo en el ámbito de la infancia y la familia y que no figuran en la norma vigente, que data de mayo de 2007. Asimismo, regula formalmente aspectos que ya estaban consolidados en la práctica, como la expedición de carnés individuales para cada miembro de la unidad familiar.