El Juzgado de lo Social Número 2 de Lugo ha estimado la demanda de una auxiliar de ayuda en el hogar del Ayuntamiento de Guitiriz y reconoce que "tiene derecho" a que el Consistorio, que dirige la socialista Regina Polín, cumpla con la "concreción horaria" en la reducción de jornada que la trabajadora pidió por cuidado de hijos.

En concreto, el Juzgado condena a la Administración local a asumir la propuesta de horario de 32,5 horas que planteó la trabajadora y que se ciña de las 8,30 hasta las 14,30 horas, y de las 16,00 a las 18,30 horas del lunes; y de martes a viernes de 8,30 a 14,30 horas.

Según figura en la sentencia, la trabajadora, que tiene categoría de auxiliar de ayuda en el hogar y una antigüedad laboral que se remonta al 21 de febrero de 2011, tiene un horario de 39 horas: de lunes a viernes de 9,30 a 14,30 horas; lunes y jueves de 16,00 a 18,00 horas; y sábado de 9,45 a 13,00 horas.

También da por probado que la Alcaldía ratificó la reducción de jornada concedida "sin especificar horario" frente a la petición de la trabajadora y no ve "ajustados a derecho" los argumentos planteados por el Consistorio para actuar de este modo y no aceptar la propuesta de la misma, que encajaba "dentro de su jornada ordinaria".

Entre otras cuestiones, el Ayuntamiento aludía a la "gran flexibilidad horaria" que exige el servicio de ayuda en el hogar e incidía en que se intentaría "en la medida de lo posible adaptarlo alas preferencias de la trabajadora", pero añadía que no era posible "garantizar que se pueda hacer de forma continuada".

NO ACREDITA LAS "DISFUNCIONES"

Sin embargo, la decisión judicial identifica estos argumentos como "vaguedades" y advierte que el Ayuntamiento se opuso a la pretensión de la trabajadora "sin invocación alguna que justifique la imposibilidad o los perjuicios concretos efectivos que se derivarían del horario propuesto", por lo que estima la demanda.

"La empresa no ha realizado ninguna propuesta alternativa a la solicitud de la actora, ni ha acreditado de forma fehaciente que la concreción horaria solicitada ocasione grandes disfunciones o graves perjuicios a la demandada o al resto de trabajadores", alega.

La CIG, que ha difundido la decisión judicial, insta a la alcaldesa a "entrar en razón" y a cambiar "su actitud caudillista en las relaciones laborales del Ayuntamiento", que se está mostrando "absolutamente errada" y solo se traduce -señala el sindicado- en "su judicialización" y el consecuente "gasto" de recursos económicos.