Así lo ha dado a conocer la portavoz del Ejecutivo autonómico, Pilar Costa, en rueda de prensa posterior al Consell de Govern, que ha explicado que el nuevo decreto aporta más garantías jurídicas tanto a las entidades como a la Administración y facilita la gestión administrativa del sistema de concierto social.

Así, según ha señalado "la experiencia" de la Conselleria de Servicios Sociales y Cooperación en la gestión de la fórmula de concierto social "ha hecho que se considere necesario elaborar una nueva norma", que defina con más detalle los procedimientos y los regule de una manera más ordenada, y que, al mismo tiempo, dé más garantías jurídicas a las entidades sociales que prestan servicios, a sus usuarios y a la misma Administración.

Así, entre las principales modificaciones, el nuevo decreto garantiza que el precio de los servicios sociales prestados nunca será objeto de competencia entre las entidades, ya que será la Administración quien lo fije.

Asimismo, se regula la derivación de los usuarios a los servicios, que se realizará siempre a través de la Administración pública, lo que garantiza el acceso de los ciudadanos a dichos servicios.

El nuevo decreto también incluye la posibilidad de establecer una nueva tipología de concierto ligada a la construcción o a la creación de nuevos equipamientos sociales y a su gestión.

Por otra parte, esta mejora en la acción concertada se reforzará con la elaboración de una ley de acción concertada, que permitirá concertar servicios en exclusividad con entidades del tercer sector, una reclamación histórica de las entidades sociales.