De esos cien expedientes -que no corresponden únicamente a viviendas, sino que alguno es un bloque completo-, 19 están en trámite y 81 se han cerrado. La concejalía trabaja en la elaboración de un programa propio para estas situaciones que se pondrá en marcha en 2018, ha adelantado Híjar.

El concejal, junto con el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, han inaugurado las Jornadas 'La vivienda, agente de cohesión social y convivencia ciudadana', organizadas por la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo y la sociedad municipal Zaragoza-Vivienda.

Durante dos días, más de cien personas debatirán sobre el papel de los gestores públicos de vivienda social y conocerán experiencias para la mejora de la convivencia comunitaria llevadas a cabo en Asturias, Andalucía, Valencia, País Vasco, Cataluña y Aragón.

En declaraciones a los medios de comunicación, Híjar ha contado que desde el equipo de gobierno, tras explotar la burbuja inmobiliaria y aumentar los desahucios, se decidió abrir una oficina de Vivienda y comenzar a mediar en casos de impago de arrendamientos.

"Desgraciadamente -ha continuado- vemos como la desigualdad sigue creciendo y la pobreza en nuestra sociedad es cada vez más extrema. Por ese motivo, de nuevo tenemos que adelantarnos e intentar ayudar a aquellas personas que se han visto obligadas a ocupar una casa, siempre que esta sea propiedad de un banco y no de un particular", ha argumentado Híjar.

DESAHUCIOS

Por su parte, el alcalde ha destacado que la sociedad municipal Zaragoza-Vivienda es una entidad puntera en intentar hacer efectivo el derecho fundamental de acceder a una vivienda digna y como no se ha conseguido mediante la Constitución su reconocimiento, los ayuntamientos tiene que afrontar esta emergencia habitacional.

Santisteve ha expuesto que la crisis inmobiliaria durísima se ha saldado con la ejecución de 500.000 desahucios a propietarios en España, a lo que se suma que un tercio de la precarización de la población que no llega a fin de mes lo que ha devenido en impagos por arrendamientos y la "gente necesita un techo, se lo busca y se llega a las usurpaciones".

Frente a ese problema el Ayuntamiento de Zaragoza ha evitado 1.200 desahucios con alternativas habitacionales y ha agregado que también han tenido que "hincar el diente" a otros problemas sociales porque "ante los 5.000 millones que el Gobierno central destinaba a vivienda ahora son 350 millones" y ha considerado que la Sareb "debería haber rehabilitado y haber dado a los ayuntamientos los miles de viviendas embargadas".

Santisteve ha detallado que se ha creado un programa de mediación en arrendamientos urbanos con el que se intenta trabajar en ese ámbito y se han logrado 89 casos con éxito y hay unos pocos pendientes.

También se actúa en la promoción de vivienda social hablando con los propietarios para que las cedan al mercado de alquiler, además de rehabilitar el propio parque municipal que está envejecido, junto a los parques sindicales entre los que ha citado el Picarral o la zona

de Alferéz Rojas.

Asimismo, se trabaja en la concesión de suelo a cooperativas para jóvenes, ha apuntado Santisteve, para observar que se trata de una "atención integral al atender problemas habitacionales y unas situaciones precarias a las que el Gobierno central" no ha hecho frente.

DERECHOS SOCIALES

La vicealcaldesa y consejera de Derechos Sociales, Luisa Broto, también ha participado en una de las mesas titulada 'Derechos Sociales para todos y todas, un nuevo modelo de actuación desde la Administración pública', que ha sido presentada por el coordinador de Derechos Sociales, Nacho Celaya.

Broto ha presentado un mapa de alojamientos alternativos, ya que, según ha apuntado, "la política del ayuntamiento en materia de vivienda no puede deslindarse de otras actuaciones que incidan en la prevención, la participación comunitaria y nuevas formas de entender la vivienda, como son los alojamientos con espacios de uso compartido o para emergencias".

"La pérdida de la vivienda habitual supone uno de los hitos más importantes en el proceso de las familias en su paso de las situaciones de vulnerabilidad a la exclusión social. Por ello, potenciamos el trabajo desde los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS) para prevenir estas situaciones tanto a través de el asesoramiento y la derivación a recursos específicos, como potenciando la no pérdida de la vivienda por razones económicas sobrevenidas a través de las Ayudas de Urgencia para este concepto", ha indicado Broto.

Para concluir, la vicealcaldesa ha incidido en el trabajo que están realizando para transformar la concepción de los servicios sociales no como un conjunto de prestaciones, servicios y recursos aislados, sino un ecosistema transversal en que todos los dispositivos de servicios sociales, vivienda y empleo son interdependientes y no pueden considerarse ni configurarse de manera aislada, sino desde esa óptica integral.