Según ha informado la Junta en una nota, la formación también solicitará la adopción de medidas extraordinarias de inspección y seguridad en la red de transformadores eléctricos ubicados en Andalucía que pudieran entrañar riesgos para la población.

La parlamentaria andaluza de IU por Cádiz, Inmaculada Nieto, ha considerado "imprescindible que se avance en dos líneas de trabajo, por un lado, el esclarecimiento de lo ocurrido y la depuración de responsabilidades, y por otra parte, es obligación del Ejecutivo garantizar que transformadores de la misma antigüedad y características, de tecnología obsoleta y ubicados en entornos habitados, no supongan un riesgo cierto que nos lleve a revivir episodios dramáticos como el vivido en Tarifa".

Nieto ha afirmado que la empresa no puede saldar el asunto argumentando que se trató de una explosión "excepcional y fortuita", sobre todo si se atiende a la deflagración de al menos otros cinco transformadores en distintas localidades del país en el último año.

Por esta razón, la parlamentaria ha entendido que las víctimas merecen "respaldo institucional" y más allá de las actuaciones judiciales en curso, necesitan que la Junta "sea parte activa y diligente en el esclarecimiento de los hechos y revise con minuciosidad el proceder de Endesa, del establecimiento hotelero y de cuantos agentes se hayan visto involucrados en los desencadenantes del accidente y en la gestión técnica, sanitaria, legal o administrativa de las consecuencias del mismo".

En este sentido, la PNL que será abordada este jueves reclama que "se mantenga puntualmente informadas tanto a la asociación como a los sindicatos mayoritarios de cuantas gestiones se realicen por parte de la Junta de los resultados de la investigación en curso, así como prestarles el asesoramiento legal o la ayuda de todo orden que precisen para hacer valer los derechos de las víctimas y garantizar que las mismas sean atendidas y resarcidas convenientemente".

Por otra parte, IU exige a Endesa la realización de "una inspección extraordinaria de todos los transformadores instalados en Andalucía cuya última revisión se realizase hace más de un año, con supervisión de técnicos de la Junta", y da "un plazo de seis meses para que la compañía elabore y presente un plan para la renovación de todos los transformadores ubicados en Andalucía cuya antigüedad sea mayor de 25 años o su tecnología no sea la adecuada para la prestación del servicio en condiciones óptimas de seguridad".