Los portavoces parlamentarios de PPdeG, En Marea y PSdeG han abordado este martes la situación de Cataluña, ante la posibilidad de que la Generalitat opte por proclamar la independencia de forma unilateral, con visiones distintas. Mientras Pedro Puy ha abogado por la vuelta a la "racionalidad", Luís Villares ha insistido en las apelaciones al "diálogo" y Xoaquín Fernández Leiceaga ha vuelto a poner sobre la mesa la conveniencia de reformar la Constitución.

En la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces, Pedro Puy ha expresado su preocupación por los hechos que se están sucediendo en Cataluña, en la medida en que también afectan a muchos gallegos, y ha advertido de las "consecuencias" que puede tener esta "tensión" en la "estabilidad" de nuestro sistema político.

"Esta aventura irracional, ilógica e irresponsable en la que están embarcados los independentistas catalanes puede causar mucho daño a Cataluña y al conjunto de España", ha incidido, para mostrarse "partidario de que vuelva la racionalidad" y "no haya que aplicar la normativa prevista" para hacer frente a "una clara vulneración del marco constitucional".

Con todo, el diputado popular ha admitido que esa "esperanza" de que se pueda normalizar la situación es "más débil cada hora que pasa", ya que "parece" que las decisiones encaminadas a "forzar al máximo la alteración del orden constitucional" ya están "adoptadas". Así es que espera que los tres poderes del Estado sean capaces de "restablecer la normalidad democrática en el conjunto de España".

"UN PASO MÁS HACIA EL PRECIPICIO"

En una línea similar se ha expresado el representante socialista en O Hórreo, quien ha lamentado la situación "extremadamente preocupante" a la que se ha llegado y ha advertido de que, en caso de que haya una declaración unilateral de independencia, sería "un paso más en dirección al precipicio" por parte de quienes hoy lideran esta autonomía.

Por ello, ha hecho votos por que "no den ese paso" sino que faciliten "un cambio de rumbo" que permita "generar un espacio de convivencia y diálogo" del que emane una reforma de la Carta Magna. Sería, a su entender, la mejor forma de "encauzar" la situación y de propiciar una solución "adecuada" para "la mayoría de los catalanes y de los ciudadanos del conjunto de España".

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Por su parte, el portavoz del grupo rupturista ha opinado que "para ser duraderas, las soluciones tienen que ser pactadas", de modo que ha vuelto a postular"diálogo" para resolver "un conflicto de naturaleza política" y a defender "el derecho a decidir".

Tras invocar la Constitución, que permite que "las decisiones políticas de especial trascendencia" puedan someterse a referéndum -de carácter consultivo y para todos los ciudadanos-, el magistrado en excedencia ha hecho hincapié en que el futuro de Cataluña implicó recientemente a tres millones de personas, sumando las que participaron en la consulta y quienes secundaron la manifestación del pasado domingo. "No se debe obviar la voluntad de tanta gente", ha observado.

"Queremos un referéndum con todas las garantías, para que todo el mundo se pueda sentir cómodo y para tener una foto nítida de la voluntad popular", ha manifestado, no sin admitir que el celebrado el pasado día 1 "no tenía todas las garantías" en términos de constitucionalidad.

Para lanzar esta afirmación también tuvo en cuenta Villares que, pese a seguir la normativa aprobada en Cataluña (suspendida por el Tribunal Constitucional), sus resultados fueron puestos "en cuestión por observadores internacionales" debido a que el Estado "impidió el desarrollo normal de la jornada". Así pues, ha concluido que "sea cual sea el marco que se escoja", la consulta catalana del pasado día 1 "está puesta en cuestión".

Con todo, el pasado viernes, buena parte de su grupo (salvo tres miembros de Podemos y una diputada de Izquierda Unida) apoyó en el Parlamento de Galicia una iniciativa del BNG que pedía "respetar la voluntad expresada por el pueblo catalán en el referéndum".

EFECTOS POLÍTICOS

Pero más allá de "los efectos jurídicos" de esa consulta, Villares ha sostenido que hay que extraer conclusiones "políticas". "No hay duda de que no tiene validez constitucional o legal, pero desde el punto de vista político y social es innegable que existe un reclamo social de participación en Cataluña", ha enfatizado.

"La gente quiere expresarse políticamente, los que están a favor de una y otra opción", ha abundado, y ha preferido "contar votos" en lugar de "contar manifestantes" o "contar empresas" que se van de Cataluña.

Así que, tras pedir un referéndum con garantías que pueda "interpelar a todo el mundo", ha rechazado pronunciarse sobre si sería un error proclamar la independencia. "No me corresponde a mí definirlo", ha juzgado, y ha añadido que, de darse esta circunstancia, habría que "seguir dialogando" para "evitar una situación de confrontación" en la que "el PP está muy cómodo".

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, no ha sido cuestionada sobre este tema en rueda de prensa y ha declinado abordarlo a posteriori. Eso sí, en su comparecencia ha avanzado que exigirá a Feijóo en el pleno que deje "el discurso de derecha extrema y anticatalanista".