En un encuentro con los medios de comunicación del presidente, Carlos Alonso, y el consejero insular de Política Territorial, Miguel Ángel Pérez, -acompañados por el secretario- han detallado que se ha optado por esta vía antes incluso de que el Gobierno de Canarias desarrolle su propio reglamento.

La comisión arrancará con nueve funcionarios del Cabildo sin dedicación exclusiva y bajo la presidencia del exsecretario insular José Antonio Duque, y los costes de funcionamiento se definirán con el diseño de los presupuestos de 2018.

Alonso y Pérez han destacado que se trata de una comisión "técnica y no política" para evitar "interferencias y conflictos de intereses", y han avanzado que esta opción es la que más aceptación tiene en el resto de los cabildos salvo en Gran Canaria, que por ahora abogan por un modelo "mixto".

Esta nueva entidad, que se reunirá una vez al mes, será la encargada de emitir la evaluación ambiental correspondiente de expedientes, planes, programas y proyectos de competencia insular, de forma preceptiva pero no vinculante, y la aprobación final dependerá del Pleno de la corporación.

El Cabildo ha optado por esta vía y no la del reglamento orgánico porque supondría esperar al menos tres meses para poder empezar a trabajar. "No va a ser una Cotmac al uso porque la aprobación dependerá del Pleno", ha comentado el presidente.

"YA NO LE PODEMOS ECHAR LA CULPA A LA COTMAC"

Tanto Alonso como Pérez han hecho un llamamiento a los ayuntamientos de la isla para que se sumen a esta comisión, si bien también pueden seguir en los organismos de la Comunidad Autónoma o en el caso de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, crear los suyos propios.

En el futuro, de hecho, se va a crear una oficina de apoyo técnico-jurídico para mejorar la coordinación del trabajo. "A partir de ahora ya no le podemos echar la culpa a la Cotmac", ha ironizado Alonso.

Para su aprobación en el Pleno se precisa de una mayoría reforzada de 15 diputados -suma holgada del grupo de gobierno de CC y PSOE-, y en la última comisión, tanto PP como Podemos se abstuvieron. "Creo que no hay justificación para mantener un posicionamiento en contra sobre el cumplimiento de un mandato legal", ha señalado Pérez.