Se trata de una iniciativa del PP a la que se ha incorporado una enmienda de adición de Ciudadanos por la que se insta al Gobierno a "valorar la posibilidad de recurrir el denominado 'Decreto Marzà'".

Durante el debate, la senadora del PP Marta Torrado ha subrayado que "este recurso es el final de un proceso que ha empezado ya con la apertura de una comisión bilateral entre el Gobierno y la Comunitat Valenciana". "Si a lo largo de este proceso se demuestra que la Comunitat insiste en mantener aquellos puntos que el PP considera agresiones a los derechos de los valencianos, se procederá al correspondiente recurso", ha añadido.

En este sentido, el senador de Ciudadanos Luis Crisol Lafrónt ha lamentado en su intervención que el denominado 'Decreto Marzà' que establecía un nuevo modelo lingüístico educativo valenciano, "es un atropello a los derechos fundamentales". A su juicio, "es inadmisible que, con el objetivo de burlar la suspensión judicial que pesa sobre dicho decreto, el Consell haya adoptado uno nuevo que vulnera los derechos de los alumnos valencianos".

La iniciativa pide también al Gobierno que "vele" para que en la Comunidad Valenciana se garantice una oferta educativa "plural", entre la que se encuentra la concertada, y la libertad de los padres en la elección de la educación que quieren para sus hijos, "de acuerdo con los principios constitucionales".

Según ha explicado en su intervención la senadora 'popular', el departamento del conseller de educación de la Generalitat Valenciana, Vicent Marzà, publicó el miércoles 12 de abril una corrección de errores de la ratio media por municipios necesaria para poder concertar más de una unidad de Bachillerato, que en la práctica supone "una nueva ofensiva contra estos colegios" y que no contó con el consenso de la comunidad educativa.

El cambio ha supuesto un incremento de la ratio en el 75% de los municipios afectados (116 de 153 centros con alguna unidad concertada), que en algunos casos ha alcanzado los 35 alumnos, según el PP. La resolución incluye ratios que superan en varios casos los 30 alumnos por aula, aunque la más elevada se encuentra en el municipio alicantino de Gata de Gorgos, donde alcanza los 35 alumnos por unidad con un incremento de 16 alumnos.

La medida aprobada el pasado mes de abril afecta a más de 200.000 alumnos y casi 15.000 docentes en el sistema educativo valenciano, añade el PP. Durante su intervención, Torrado ha destacado que los padres "son los principales responsables de la educación de sus hijos y tienen el derecho a que reciban la formación que esté de acuerdo a sus propias convicciones, tal y como contempla el texto constitucional".