Según ha recordado el grupo, de las secretarías generales depende la gestión económica y de contratación de las Consellerias, así como el servicio de personal y jurídico. Sus responsables son los encargados de gestionar el presupuesto de la Conselleria y la tramitación de los contratos públicos. Por tanto, el PI remarca que son un órgano clave en la garantía de la transparencia, la imparcialidad y la objetividad en la actuación administrativa.

El PI ha destacado que, desde el inicio de la comunidad, en 1983, las secretarías generales han sido ocupadas por políticos nombrados por el correspondiente Govern en sintonía con el color político responsable del poder ejecutivo.

Así pues, esta proposición tiene como objetivo el establecimiento de mecanismos que aseguren más transparencia, imparcialidad y objetividad en la actuación de los poderes públicos. Según dicen, si las plazas de secretario general son ocupadas por funcionarios de carrera y por un periodo mínimo de nueve años también se garantiza mayor profesionalidad, una mejora de la gestión y una optimización de los recursos humanos ya formados. Además, disminuirán las posibles sospechas de actuaciones partidistas, ha asegurado el PI.