El delegado territorial de Fomento y Vivienda en Almería, Joaquín Jiménez, ha explicado en un comunicado que los citados expedientes "son solo algunos de los que están abiertos en esta barriada como consecuencia de la ocupación ilegal, el mal uso o la no ocupación de las viviendas por parte de quienes las tienen adjudicadas o de quienes las han tomado como residencia, sin título ni autorización alguna".

Ha añadido además que estas actuaciones responden al programa de control del parque público de vivienda y del cumplimiento de la legalidad en el acceso y disposición de estas viviendas, al tiempo que ha puesto de relieve la "importante labor" que viene realizando en este barrio la oficina de AVRA para estas tareas.

Actualmente, AVRA es titular de 467 viviendas en arrendamiento en el Puche. De ellas, 325 se localizan en Puche Norte y las 142 restantes, en el Sector 8. De las 325 viviendas de Puche Norte, 285 están adjudicadas, mientras que otras 37 se encuentran ocupadas de forma irregular.

Las restantes están vacantes pendientes de la resolución, mediante sorteo, de la convocatoria abierta para adjudicar las viviendas que están libres en el barrio.

La situación de cada una de las viviendas del barrio está plenamente identificada mediante la verificación que realiza el personal de la Agencia, que visita y controla cada vivienda al menos una vez al año.

A raíz de esa labor, se han detectado numerosas situaciones irregulares, que originan los correspondientes expedientes para la regularización o, en caso que ésta no se produzca, para la recuperación de la vivienda por AVRA, con el fin de destinarla a familias solicitantes que cumplan los requisitos y se comprometan al cumplimiento de las condiciones de contrato.

RESIDEN MENORES EN LAS VIVIENDAS CON PLANTACIONES

Ante las situaciones irregulares, actualmente hay 72 expedientes abiertos. De ellos, seis son por destinar las viviendas a actividades insalubres, molestas e ilícitas.

Estos expedientes vienen motivados por la información facilitada por la Policía a la Agencia, tras detectar la presencia de plantaciones de cannabis en esos inmuebles. Dos de ellos no están ocupados por personas, sino convertidos en su totalidad en viveros. Los otros cuatro tienen ocupantes, que conviven con las plantas, teniendo incluso menores en las viviendas, en una situación nociva para la salud.

Son precisamente estas familias las que vienen protestando de forma ostentosa durante los últimos días ante la Oficina de AVRA en El Puche, tras haber recibido la propuesta de resolución de los expedientes, en la que se indica que dejarán de ser adjudicatarios de sus viviendas por incumplir las condiciones de los contratos al dedicarlas a actividades ilícitas.

Estas familias, que tienen ahora un período de 10 días para alegaciones, han sido atendidas en numerosas ocasiones por el personal de dicha oficina desde que se iniciaron los expedientes, por lo que están puntualmente informadas del proceso.

COCHERAS QUE SE USAN COMO VIVIENDA

Otras causas por las que se tramitan expedientes de desahucio en el barrio son la ocupación sin título de viviendas en arrendamiento, por lo que hay 21 familias afectadas por expedientes, dos de ellos con fecha fijada para el desalojo el próximo mes de noviembre; la ejecución de obras ilegales en viviendas o espacios comunes de los bloques, por lo que hay seis

expedientes; ocupación sin título de viviendas convertidas en locales hasta un total de cuatro expedientes; ocupación sin título de cocheras-garajes que se utilizan como viviendas con hasta 31 expedientes iniciados en respuesta a la intervención del Defensor del Pueblo, y cuatro expedientes por impago de rentas.

El refuerzo del control del parque público de vivienda, como consecuencia del cual se están produciendo los expedientes de desahucio que se vienen contestando en El Puche, es consecuencia de la estrategia de gestión del parque residencial en alquiler puesta en marcha por la Consejería de Fomento y Vivienda desde principios de legislatura en toda Andalucía, para velar por un buen uso de la vivienda pública, por el cumplimiento de la función social que tiene asignada y por los intereses de las familias que, estando en situación de necesidad, cumplen los procedimientos y la normativa reguladora.

Quienes, sin embargo, se saltan esas normas, tomando las viviendas a la fuerza o haciendo un mal uso de ellas, están siendo objeto de estos expedientes que concluyen con la recuperación de las viviendas y la adjudicación a familias que las necesitan y respetan la ley.