En las últimas décadas, los discapacitados han pasado de ser meros receptores de ayudas a reclamar un lugar en el mercado laboral. La Ley de Integración de los Minusválidos (Lismi) obliga a las empresas públicas y privadas con 50 o más empleados a reservar el 2% de las plazas, pero en la práctica pocas lo cumplen.

Y la Inspección de Trabajo, encargada de velar por ello o por que la empresa busque alternativas (como donar o patrocinar acciones de inserción de estas personas como recoge la ley), ha revisado 17 sociedades en la provincia de enero a junio de este año. Cinco acabaron con multas que sumaron 5.402 euros por no integrar a cinco minusválidos, asegura el Gobierno en una respuesta parlamentaria.

Estas multas son las primeras en Málaga desde la reforma legal de 2000. Pese a que en estos siete años se han hecho 280 inspecciones, sólo hubo 24 requerimientos. Sin embargo, el mercado laboral dice otra cosa.

De los 436.872 afiliados al Régimen General de la Seguridad Social hasta el 31 de octubre, sólo el 0,9% es discapacitado, según la Tesorería General de la Seguridad Social en Málaga.

Es decir, 4.012 personas, cuando hay 9.192 que cobran una pensión no contributiva por invalidez y pueden compatibilizarla con un empleo.

La cuota sí funciona en la administración pública, donde se exige un 5% en cada convocatoria de empleo. En 2006 se ofertaron en Málaga 284 plazas y 155 aprobaron.

El portavoz socialista de la Comisión de Discapacidad en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, explica que el programa electoral del PSOE elevará el cupo del 5 al 7%. «Cuando llegamos al Gobierno, los discapacitados tenían una tasa de actividad del 32%, la mitad que el resto», añade.

TRES PREGUNTAS SOBRE... La discapacidad y el trabajo

¿Dónde trabajan? El 78% de los contratos de 2006 fueron_en el sector servicios. Le siguen la Construcción (13%), la Agricultura (5%) y la Industria (3,3%), según datos del SAE.

2 ¿Qué dice la Ley? Las empresas están exentas de cumplir la obligatoriedad sólo en dos casos:_que no haya demandantes de empleo discapacitados en el Servicio Andaluz de Empleo o se aleguen razones productivas, técnicas o económicas.

3 ¿Habrá cambios? Sólo falta que el Senado apruebe el nuevo proyecto de ley con sanciones por vulnerar el derecho de los discapacitados. Las multas irán desde 301 a 1.000.000 euros.

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