Reproches y descalificaciones entre los grupos de la corporación municipal en el Ayuntamiento de la capital vallisoletana han caracterizado la sesión ordinaria de pleno que ha permitido al equipo de gobierno (PSOE y VTLP), con el apoyo de SIVA, aprobar finalmente el nuevo convenio de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) que apuesta por la integración en superficie del ferrocarril en la ciudad y que para el PP supone un "sotarricidio" en toda regla.

El acuerdo, con la frontal oposición del PP, la edil de Ciudadanos, Pilar Vicente, y el concejal no adscrito, Jesús Presencio, ha llegado finalmente a ser debatido en pleno pese a que el propio presidente del Grupo 'popular', José Antonio Martínez Bermejo, advirtiera de las posibles irregularidades de su introducción a última hora por defectos en su tramitación y, como alternativa, ofreciera posponer la discusión de un tema "tan importante" para la ciudad a la celebración de una sesión extraordinaria en un plazo no superior a diez días.

Rechazada tal pretensión, ha sido precisamente el alcalde, el socialista Óscar Puente, quien ha decidido asumir la voz cantante de su grupo para recordar que el proyecto del soterramiento de las vías del tren, acariciado por miles de ciudadanos de los barrios afectados durante tres décadas, "era el que todos soñaban pero no es posible" y ha sido necesario sustituirlo por la integración del ferrocarril en superificie, como así recoge el nuevo convenio de la SVAV con vigencia de dieciséis años, ante la inviabilidad del mismo y la enorme deuda que el Consistorio habría de afrontar.

De hecho, el munícipe ha enfatizado que en virtud del nuevo acuerdo, en sustitución del suscrito en 2003, permitirá que el grupo Fomento asuma en exclusiva la deuda de 404 millones generada por la SVAV-el Ayuntamiento estaba obligado a aportar más de 100 anteriormente-, desbloqueará el traslado de los talleres de Renfe desde Farnesio a los nuevos en el Páramo de San Isidro y permitirá desarrollar la nueva fórmula de integración en superficie del ferrocarril.

Dicho proyecto, consistente en la construcción de 25 túneles y pasos, la ampliación de la estación de Renfe en Campo Grande y la construcción de una nueva de autobuses soterrada junto a ella, además de la culminación de la variante este, que sacará de la capital el flujo generado por el transporte de mercancías, supondrá un montante global de 991 millones, de los que, como así ha destacado, Puente, los vallisoletanos únicamente habrán de sufragar 74,7, sin acudir a ningún tipo de endeudamiento.

"UNA PISTOLA EN LA SIEN"

"Teníamos una pistola en la sien", ha resumido Puente la situación en la que, como así ha denunciado públicamente, había colocado la anterior corporación, presidida por el PP, al nuevo equipo y le había obligado a buscar "el mejor de los escenarios para arreglar el entuerto" y evitar así las graves consecuencias que podría haber conllevado no aprobar este nuevo convenio, desde "posibles" responsabilidades económicas y penales hasta otras "seguras" como el inicio de un proceso de acreedores de la SVAV, la subasta pública de los talleres de Renfe y, "lo más grave, la quiebra de cualquier principio de confianza entre administraciones que sería difícil de superar".

La postura de Puente ha contado con el respaldo en posteriores intervenciones del concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, y de la portavoz de SIVA, Charo Chávez, que, si el lunes optaba por abstenerse en la Comisión de Urbanismo y el miércoles acordaba alinearse con el equipo de gobierno, ha utilizado buena parte de su alocución para explicar el cambio de voto y rechazar las "presiones" o supuestas "negociaciones" denunciadas por los 'populares' como responsables de su nuevo posicionamiento.

"No he pensado ni un solo momento en mi carrera política, sino en el interés de los ciudadanos", ha defendido la edil, quien ha hecho historia de un proyecto "incompleto e inviable", el del soterramiento, que inicialmente se iba a costear por sí solo con las plusvalías del terreno liberado y que con el paso del tiempo, en 1999, fue puesto incluso en entredicho por el entonces alcalde del PP, Francisco Javier León de la Riva.

De ahí su voto favorable al convenio "en un ejercicio de responsabilidad, a pesar de no estar de acuerdo, y para evitar que los ciudadanos de Valladolid tengan que afrontar el pago de la deuda del proyecto por culpa de políticos desleales", ha insistido Chávez, que incluso, a petición propia, ha logrado que la votación se realizara de forma nominal, con lo que cada uno de los integrantes de la corporación ha tenido que emitir su voto de viva voz.

"EL ALCALDE QUE SE CARGÓ EL SOTERRAMIENTO"

En el lado opuesto se han situado los doce concejales del PP, la portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente, y el no adscrito, Jesús Presencio, quienes han echo causa común a la hora de acusar al equipo municipal de rechazar una oportunidad histórica para eliminar la barrera del ferrocarril en la ciudad y, en palabras de los 'populares' Carlos Fernández y José Antonio Martínez Bermejo cometer un auténtico "sotarricidio" y sacar adelante el "convenio antisoterramiento", y ello pese a que otras ciudadades como Murcia, Torrelavega, Valencia, Vitoriau Hospitalet de Llobregat hayan apostado por enterrar las vías.

"Le noto muy nervioso, más que nunca", ha indicado un Martínez Bermejo convencido de que en el subconsciente de Óscar Puente estaba pasando en ese momento la idea de que se iba a convertir en "el alcalde que se cargó el soterramiento", ante lo que le ha invitado a evitar "un día negro" en Valladolid, "el día en el que abandonó el futuro de la ciudad y que supone fulminar cualquier posibilidad de soterrar las vías del tren".

Pero además, tanto el edil del PP, al que Puente ha tildado de "político minúsculo", como Presencio coinciden en que el nuevo convenio supone comprometer 155 millones de los vallisoletanos hasta el año 2033, fecha en la que expira la vigencia del convenio, tras recordar que a los 74 millones comprometidos por el Ayuntamiento habría que sumar los cerca de 86 que se cobrará Adif con las plusvalías generadas por los terrenos liberados con el proyecto.

Para Puente, sin embargo, el "día negro" se remonta al 11 de enero de 2011 cuando el PP suscribió una deuda de 400 millones de euros, la misma que mantiene hoy en calidad de investigado por la 'comfort letter' por prevaricación a Alfredo Blanco, ex edil de Hacienda y aún en la bancada 'popular', de ahí que calificara de "demagogos" e "irresponsables" a los concejales de dicha formación y, al mismo tiempo, recordara a los opositores del convenio que Adif, con una deuda arrastrada de 17.000 millones, no ejecutará proyecto de soterramiento alguno en España. "¡Basta ya de engañar a la gente!", ha sentenciado.

El pleno, amén del 'rifi rafe' entre los grupos, ha vivido también momentos de tensión cuando Ángel Ceballos, vinculado con movimientos vecinales y ecologistas, ha sido desalojado de la tribuna de invitados por orden del alcalde tras interrumpir la sesión en varias ocasiones. "¡Cada vez te pareces más a De la Riva"!, ha espetado Ceballos mientras era invitado a abandonar el salón por agentes de la Policía Municipal.

El debate de este polémico punto ha sido abierto por la intervención de una portavoz de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Teresa del Cura López, que, a través de un comunicado, ha lamentado que en plena celebración de las Ferias y Fiestas de San Lorenzo la ciudad se vea obligada a asistir a un "día muy triste" tras denunciar que el convenio aprobado no supone enterrar las vías del tren sino "enterrar los sueños de muchos vecinos que viven al otro lado de la frontera que supone las vías del tren y que llevaban treinta años luchando por ello".