A menos de un mes de la celebración del eventual referéndum catalán del 1 de octubre, el Govern ha publicado en su web dedicada a la consulta, cuyo decreto de convocatoria fue firmado este miércoles por la noche, detalles de su organización. Las respuestas a varias cuestiones acerca de cómo funcionará la maquinaria del 1-O, sin embargo, están todavía en el aire, pues la Generalitat ha optado por el secretismo como estrategia para que el Gobierno central y el Tribunal Constitucional lo tengan más difícil para poner obstáculos a su hoja de ruta.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, asegura que el Govern ya dispone de 6.000 urnas para la celebración del referéndum del 1 de octubre pero no explica la fórmula con la que se han adquirido. Se desconoce, además, dónde están esos contenedores de papeletas, que si se cumple lo que se explicó desde el Ejecutivo catalán, no serán de cartón, como las del 9-N, pues la consulta tiene vocación de ser vinculante y su apariencia debe responder a ello.

El pasado 27 de junio el Govern tuvo que suspender la adquisición de 8.000 urnas tras declararse desierto el concurso público por valor de 200.000 euros para la compra de estos receptáculos, al no cumplir las empresas la homologación. La Fiscalía, sin embargo, presentó una querella contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, y su número dos, Francesc Esteve, por impulsar el concurso. El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, asumió entonces la responsabilidad de adquirir las urnas.

Esta es otra de las incógnitas del 1-O. La ley establece que el censo solo lo puede ceder el Gobierno, que ya ha advertido de que los alcaldes que faciliten sus censos se enfrentan a multas de hasta 600.000 euros. El Govern tiene prevista la publicación de un registro provisional de votantes, que podría haber elaborado a partir de los datos de los que dispone el Institut d'Estadística de Catalunya. Además, ha impulsado un registro de catalanes en el exterior.

La Generalitat ha publicado en su web del referéndum, elreferendum.cat, que podrán votar los mayores de 18 años inscritos en el censo electoral, e incluso los que los cumplan el día de la votación. Los residentes en el extranjero deberán haber solicitado formalmente su participación y en Cataluña el voto será presencial. Se deberá aportar previamente el Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte o permiso de conducir. "No importa que estos documentos estén caducados, pero deben ser los originales (en ningún caso fotocopia) y con fotografía", se afirma en la web. La votación será de las 9 a las 20 horas.

En cuanto a las personas que deban trabajar el 1-O, el Govern "dictará la normativa que sea procedente" para que dispongan, en su horario laboral, de "hasta cuatro horas para ejercer su derecho al voto, que serán retribuidas".

A principios de este año, el juez suspendido y ex senador de ERC Santiago Vidal aseguró que la Generalitat había obtenido "todos" los datos fiscales de los catalanes de forma "ilegal", lo que serviría para elaborar el censo electoral. El Govern lo desmintió y Vidal afirmó luego que sus palabras no se ajustaron "a la realidad" y dejó su cargo en el Senado.

Agentes de la Guardia Civil seguían la mañana de este jueves registrando los vehículos de aquellos empleados que salían de una imprenta ubicada en un polígono industrial de Constantí, en Tarragona, que según fuentes conocedoras de la actuación policial podría imprimir el censo para el referéndum.

En el decreto 140/2017 "de normas complementarias para la celebración del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña" que ha publicado este jueves el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) figura la papeleta prevista para la consulta.

Tal y como ya se había anunciado el pasado junio, la pregunta será "¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de República?". Esta cuestión aparece en la papeleta escrita en español, catalán y aranés. "El voto puede ser afirmativo (Sí), negativo (No), -según la opción que marque el elector- o en blanco si no selecciona ninguna de las dos opciones", señala el decreto.

Este jueves las concejales de la CUP en el Ayuntamiento de Barcelona Maria José Lecha y Maria Rovira han entregado una papeleta del referéndum del 1 de octubre a la Delegación del Gobierno de la capital catalana, con el objetivo de hacerla llegar al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, y al resto del Ejecutivo.

El Govern ha publicado en su web sobre el referéndum que ha abierto el proceso de selección de voluntarios para su organización. Estos deben estar incluidos en el censo y se realizará un proceso de selección para elegir a cuatro tipos de colaboradores.

Los "representantes de la administración" serán "el eslabón que pone en relación las mesas electorales y la Administración electoral" y, entre otras funciones, transmitirán al Centro de Recogida de Datos (CRD) el resultado del escrutinio, además de prestar apoyo a los miembros de las mesas electorales. Los "coordinadores electorales municipales" y los "coordinadores electorales comarcales" tendrán, en estos ámbitos, que coordinar el operativo electoral e informarán del desarrollo de la jornada a la Administración y los "agentes electorales" prestarán "apoyo logístico y administrativo". Los "coordinadores comarcales" realizarán su tarea en su comarca "bajo las directrices de la Administración electoral del Govern" y supervisarán a los "coordinadores municipales" quienes, a su vez, supervisarán a los "representantes de la administración".

Los coordinadores y representantes dispondrán de acreditaciones facilitadas por la administración autonómica cuyo formato se recoge en el decreto de normas complementarias para la realización del referéndum que publica el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC).

Los miembros de las mesas electorales se elegirán por sorteo y el Govern advierte que es un cargo "obligatorio, no voluntario, sin perjuicio de poder alegar causas justificadas y documentadas que impidan la aceptación del cargo". En este caso, y al igual que en otras elecciones, se designarán también suplentes y no se podrá constituir una mesa sin la presencia de un presidente y dos vocales.

El Govern especifica que, a lo largo del 1-O, nadie "puede ser detenido por ninguna autoridad, a menos que haya un delito flagrante".

El pleno del Parlament ha escogido la madrugada de este jueves a los cinco candidatos presentados por Junts pel Sí (JxSí) y la CUP para comandar la Sindicatura Electoral que debe regular el referéndum. Los nombres propuestos por la mayoría independentista fueron Tania Verge y Jordi Matas (politólogos) y Marc Marsal, Marta Alsina y Josep Pagès (juristas). Como suplentes fueron elegidos Eva Labarta y Josep Costa.

Disponer de locales donde poner las urnas el día de la consulta es una de las preocupaciones del Govern. El PSC llamó a todos sus gobiernos municipales en Catalunya para que no cedan espacios para la votación. Por su parte, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, sigue sin aclarar si cederá locales municipales. Según fuentes municipales, Colau esperará al auto del Tribunal Constitucional sobre el recurso del Gobierno contra la ley del referéndum y la decisión de los servicios jurídicos municipales para responder a la petición de la Generalitat para habilitar los colegios electorales en Barcelona.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, han comunicado este jueves por carta a los alcaldes catalanes que el Govern prevé utilizar para el referéndum los colegios electorales habituales y les da 48 horas para confirmar la disponibilidad de los locales. En la misiva afirman que de acuerdo con la Ley del Referéndum, "los ayuntamientos ponen a disposición de la administración electoral" del Govern los "locales de su titularidad que se utilizan habitualmente como centros de votación", si bien la Generalitat "puede determinar locales alternativos para hacer efectivo el derecho de voto de los electores".

La web del referéndum ha publicado que esta durará 15 días, comenzará el 15 de septiembre y finalizará el 30 del mismo mes, y está previsto que los partidos con representación parlamentaria dispongan del 70 % de los espacios electorales públicos destinados a la campaña, repartidos proporcionalmente en función del número de escaños. "El 30 % del espacio electoral restante se reparte entre las organizaciones interesadas acreditadas de acuerdo con el número de firmas presentadas".