El Departament d'Ensenyament revisará y replanteará algunas de las acciones que recoge el protocolo para la detección de la radicalización en los centros educativos, que se implementó a finales del año pasado y, del cual, se está elaborando una memoria.

Los atentados de Barcelona y de Cambrils que llevaron a cabo los jóvenes de Ripoll han obligado al Departament a plantear propuestas para mejorar los resultados. Lo ha explicado la subdirectora general de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa, Gené Gordó, que ha destacado que programas, como los planes educativos de entorno o aulas de acogida, han funcionado y han tenido "eco positivo" en la sociedad, pero no descarta aplicar nuevas medidas.

Para Gordó, el caso de los jóvenes de Ripoll demuestra que la radicalización tiene un carácter "multifactorial" ya que eran jóvenes plenamente integrados, con redes sociales, "mezcladas", nada marginales y con éxitos educativos.

Por ese motivo señala que no se pueden elaborar perfiles concretos aunque desde los Mossos d'Esquadra se definen unos elementos de riesgo a los que los docentes han de estar atentos para poder actuar preventivamente.

De hecho, este es el objetivo principal del protocolo que, en su primer año de funcionamiento, ha permitido dar respuesta a esta situación.

Gordó ha detallado que en los casos que los centros educativos detecten señales de posible radicalización, se lleva a cabo una comisión con representantes de Ensenyament y Interior, y los expertos acababan definiendo los tipos y el grado de radicalización que podría tener el alumno.

De este modo, la propia comisión ofrecía a los centros educativos y consejos, aportaciones para poder ayudar "desde el punto de vista educativo", en casos de pequeñas radicalizaciones, o se elevaba a otras instancias, en los casos "más complejos".

Para la subdirectora general de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa, esta implementación "ha sido bien recibida" y considera que ha funcionado dentro del sistema educativo pero defiende que los atentados de este mes de agosto obligan a replantearse el protocolo para mejorar su resultado, como podría ser, por ejemplo, más formación y comunicación con las familias para poder colaborar con esta detección y la incidencia de los planes de convivencia que tendrán que tener definidos los centros educativos en un plazo de tres años.

Gordó reconoce que el sistema educativo ha de contribuir a evitar estas conductas violentas pero recalca que el éxito escolar que se busca desde el Departament ya es una primera medida, al convertirse en un "primer ascensor social" que permite evitar la marginación de los más vulnerables.

Desde la subdirección de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa se defiende que ya se está trabajando en las líneas que marca la Unión Europea y que, a diferencia de otros países como Francia o Países Bajos, defiende la equidad y el éxito para todos al lado de la defensa del derecho o reconocimiento a la diferencia en un marco de valores compartidos y elementos identitarios colectivos.

En este sentido, Gordó pone de ejemplo el tratamiento de la lengua y los proyectos plurilingües en los que se apuesta porque los alumnos de familias recién llegadas aprendan las lenguas oficiales como elemento de igualdad y cohesión, pero al mismo tiempo, se respeta y se pone en valor la lengua de origen para conseguir que el alumno sienta como propio el currículum que se ha de aprender.

De cara al inicio del curso, y al tratamiento que se ha de hacer a los centros educativos y en diferentes niveles, el protocolo ya propone diferentes actividades para poder abordar los atentados dentro del aula.

En este sentido, no obstante, son indicaciones para evitar "posibles estigmatizaciones y repliegues identitarios", ha explicado Gordó, para estar atentos a la "no polarización".