¿Quién no ha tenido problemas para entrar en una discoteca por ir con zapatillas de deporte? Por éste y otros motivos, la Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla ha abierto desde el 1 de septiembre expedientes sancionadores a siete bares y discotecas de la capital.

Se trata de Antique Teatro (Isla de la Cartuja), Boss (entre Los Remedios y Triana), La Madrugá y Mítico Café (Viapol), Sala Deluxe Underground (Polígono Carretera Amarilla), Gota Fría (Sevilla Este) y la desaparecida discoteca Soho, que estaba en el antiguo Pabellón de los Descubrimientos de la Expo.

Entre los motivos que han llevado a la Administración a iniciar los expedientes destacan la admisión arbitraria y discriminatoria.

Es el caso de Antique, Boss y Deluxe. También incumplir el horario de cierre (Soho), exceso de aforo (La Madrugá y Boss), carecer de licencia de apertura (Gota Fría) y no contestar a requerimientos (Mítico).

20 más en la provincia

No sólo hay infracciones en Sevilla. Hay 20 expedientes más en la provincia.

Son Pub Marcelux de Aznalcázar (aforo y horario); Budha, Chaplin y La Huerta en Cantillana (sin licencia, seguro y hojas de reclamación); e Hispano, Arraigo y Café Pub Sur de Dos Hermanas (admisión discriminatoria y no contestar a los requerimientos oficiales).

La lista sigue con Mandrágora en Estepa (mal funcionamiento de las salidas de emergencia); La Zambra en Gelves (aforo, horario y seguro); y El Duende y Vilas en Guillena (sin licencia para música).

Y también PK2, Fondee y Empire, Los Palacios (horario); Francis en Paradas (seguro y hojas de reclamación); Jaleo (sin licencia para discoteca ni libro de reclamación);

Manhattan en El Ronquillo (horario); y Paraguay de Villanueva del Ariscal (sin seguro ni hojas de reclamación).

Pasos del proceso sancionador

Estos 27 expedientes (en total se han abierto 53 en la provincia en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas) se han iniciado recientemente y todavía no hay multas.

El proceso se inicia a raíz de inspecciones y denuncias de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta, Guardia Civil o Policía Local y cuando hay pruebas de que se cometen infracciones. Los afectados pueden presentar alegaciones, que se analizan antes de imponer o no sanciones.