El Consello de Contas previene contra el modelo de agencias públicas por el que apuesta la comunidad autónoma de Galicia y pide "una intensificación" del control interno tras detectar que el volumen de recursos que gestionan estos organismos está aumentando.

El conselleiro maior, José Antonio Redondo López, ha entregado este viernes al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, la memoria anual del órgano fiscalizador de 2016.

En él se incluyen estas advertencias, en concreto en el informe económico-financiero de las entidades instrumentales autonómicas y en la declaración definitiva de la cuenta general de la comunidad autónoma, correspondientes ambos al ejercicio de 2015.

Así, el primer documento, sobre las entidades instrumentales, advierte de que la apuesta de Galicia por el modelo de agencia "se aleja de la línea seguida por la administración del Estado y otras comunidades".

EL 50% DE LAS EXISTENTES

Apunta que en la actualidad Galicia tiene "aproximadamente el 50% del conjunto de agencias existentes" en la administración central y en el resto de autonomías.

Al respecto, hace referencia a la ley estatal de régimen jurídico del sector público, y recuerda que dispone la derogación de la ley de 2006 de agencias estatales.

"Esta última norma trataba de instaurar la agencia como un nuevo modelo de gestión cuyo objetivo prioritario fuera establecer mecanismos de responsabilidad en la dirección y gestión, vinculando el sistema retributivo al logro de sus objetivos y reconociendo un mayor margen de discrecionalidad en la gestión presupuestaria", indica.

Sin embargo, añade, el modelo tuvo una "eficacia limitada" y "no puede decirse que los objetivos de la ley se alcanzasen", porque, entre otras cuestiones, las medidas de control de gasto público "neutralizaron la pretensión de dotar a las agencias de mayor autonomía financiera".

Contas constata que Galicia, en este contexto, "sigue apostando por el modelo de agencia", algo que ejemplifica con la reciente creación de la Axencia Galega da Industria Forestal -en la ley de 2017 de acompañamiento a los presupuestos, que también prevé la extinción del Cixtec y su integración en la Amtega-.

La puesta en marcha de "todas estas agencias", señala, "provoca que, a pesar de que el número de entidades instrumentales ha disminuido desde 2010, el volumen de recursos públicos gestionados de manera descentralizada, en términos relativos está aumentando, ya que políticas públicas que hasta este momento se venían realizando, fundamentalmente, de manera centralizada pasan a realizarse en régimen de descentralización funcional", avisa.

El informe del Consello de Contas recoge la relación de agencias públicas autonómicas constituidas a 31 de diciembre de 2015, que son 14: Igape, Cixtec, Inega, Agader, Intecmar, Ingalac, Axega, Agadic, AXI, Amtega, Gain, Aturga, Atriga y Axencia Galega de Servizos Sociais.

En concreto la AXI (Axencia Galega de Infraestruturas) es citada en otro punto para llamar la atención sobre el "importante descenso de los créditos para inversiones a partir del ejercicio 2012", que, según expone, "se debe, en buena parte, al inicio" de su actividad, ya que asumió competencias de la Dirección Xeral de Infraestruturas, dependiente de la Consellería de Infraestruturas.

"NO VA EN ESA DIRECCIÓN"

Ya en la declaración definitiva de la cuenta general de la comunidad del ejercicio de 2015, el órgano fiscalizador dedica un apartado específico para el control interno de la actividad económico-financiera.

Y avisa, en este extremo, de que "las actuales exigencias derivadas de la necesidad de un mayor rigor en el gasto y en la información contable de este aconsejan una intensificación del control interno con la extensión de la función interventora a las distintas entidades públicas", entre las que cita organismos autónomos y agencias, del sector institucional.

En concreto, dice que el régimen de control "previsto para las nuevas agencias, que asumen parcelas de gestión hasta ahora en manos de órganos administrativos, no va a en esa dirección".

Para el Consello, la "migración" se está produciendo en áreas definidas: las infraestructuras, la innovación, las tecnologías de información, la gestión tributaria y los servicios sociales.

La Intervención Xeral es la que tiene atribuido el control interno, pero, si bien respecto de la administración general lo ejerce "mediante la función interventora (fiscalización previa)", en lo que tiene que ver con los organismos y entidades lo hace a través del "control financiero en sus distintas modalidades (ordinario o permanente", según explica Contas.

De ahí que recomiende una "intensificación del control interno" con la extensión de esa "función interventora" a las distintas entidades públicas.

AVISO AL SERGAS

Saliéndose del ejercicio objeto de fiscalización, Contas señala a un decreto del pasado marzo y a un acuerdo de abril del Consello de la Xunta que tuvo como resultado el establecimiento para el Sergas de "un nuevo sistema de control financiero de ciclo continuo".

Alerta, así, de que, en el Sergas, "la sustitución de la fiscalización previa por el control financiero permanente, con el actual enfoque orientado al análisis de procedimientos en áreas específicas de gasto, no suple los controles anteriores" y "dificulta" la cuantificación del gasto real de cada ejercicio.

En este supuesto, llama la atención sobre una "limitada capacidad" de ese control financiero permanente y concluye que se produce "una reducción del control sobre la actividad del organismo".

MÁS NECESIDADES DE CONTROL

En el ámbito de las sociedades públicas, el control "parece exigir que se complete con revisiones orientadas hacia criterios económicos, que aborden la capacidad o necesidad de financiación, su endeudamiento comercial y los riesgos que afecten a su sostenibilidad financiera".

También aboga para ellas por "priorizar las auditorías operativas orientada a verificar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos y la buena aplicación de los fondos asignados".

El Consello también cree que "es necesario ampliar el perímetro de control de la Intervención Xeral a los fondos de capital riesgo y a las entidades públicas en las que la participación no es superior al 50% pero en las que es el socio público mayoritario".

A su juicio, a mayores, los controles "contratados directamente" por las propias entidades instrumentales "exigen una mayor presencia de la Intervención Xeral" en el seguimiento de los resultados.

"RAZONABLEMENTE"

Contas considera que la cuenta general de la comunidad en 2015 "refleja razonablemente la actividad económico-financiera", pese a "deficiencias en la contabilidad patrimonial".

Con todo, advierte de que "sigue recurriendo" a las ampliaciones de crédito (340,27 millones de euros) para "los mismos conceptos" de gastos que en años anteriores "sin que cumplan la condición de imprevisibilidad exigida".

"Sigue constatándose", también, un "uso excesivo" de la utilización del programa de imprevistos "con la finalidad de programa-puente para realizar transferencias de crédito".

El fondo de contingencia, añade, "lejos de servir para la atención de gastos imprevistos y no discrecionales, constituyó una herramienta para la cobertura de gastos que son objeto de una deficiente presupuestación, por escasamente realista".

FACENDA

La Consellería de Facenda, por su parte, ha reivindicado que los informes "ratifican que la Xunta sigue haciendo una mejor gestión presupuestaria y financiera".

Alude a la "disminución significativa" del gasto imputado al ejercicio siguiente, que bajó casi un 15% sobre el año anterior y también a la reducción en un 18,7% en el riesgo vivo en los avales del Igape.