En la reunión han participado representantes del Aeropuerto, del Ayuntamiento de Sant Josep, de la Guardia Civil o taxistas, entre otros.

Todas las partes han coincidido en que la problemática supera las competencias de las administraciones encargadas del control del transporte de pasajeros y pasa a ser una cuestión de orden público que afecta al normal funcionamiento de las instalaciones, daña la imagen que se muestra a los visitantes y supone una competencia desleal para taxistas y empresas legales de Vehículos de Transporte por Carretera.

La consellera de Movilidad, Pepa Marí, ha asegurado que, al no poder erradicarse con controles puntuales esta problemática fuera del Aeropuerto, se ha alcanzado dicho acuerdo. Además, la presencia de la Guardia Civil y la Policía Local será complementada con la asistencia de informadores, tanto de asociaciones de taxistas y transportistas, como de Aena, incrementándose las advertencias a los pasajeros.

Marí ha pedido a Aena un incremento "notable" de agentes de seguridad en el exterior de las instalaciones donde se captan clientes. Por parte del Consell, ha dicho, los inspectores seguirán a disposición del Aeropuerto para continuar con labores de control y denuncia del transporte ilegal.

El Consell ha asegurado además haber mejorado la señalización, información y conexiones con el transporte público y taxi legal en el Aeropuerto.

La institución "asume su responsabilidad y el trabajo que le corresponde, pero esta labor será insuficiente si Aena y la Dirección General del Estado no se implican más y no ponen más recursos en la mejora de la seguridad de la zona 'tierra' de las instalaciones aeroportuarias y en la lucha contra el intrusismo en el transporte".

Marí también ha hecho suya una petición del Govern sobre la "descentralización y cogestión aeroportuaria" ya que "el Consell deben poder formar parte de los órganos de administración del Aeropuerto para que problemáticas como el transporte ilegal puedan ser tenidas en cuenta".

La institución ha reclamado una adecuada compensación por destino para los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, garantizando una adecuada dotación de las plantillas.