El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha recibido en 2016 un total de 2.906 quejas, un 27 por ciento más que el año anterior, cuando ha tramitado 2.285, y ha formulado 397 sugerencias, recomendaciones y recordatorios de deberes legales, aceptando las administraciones el 74 por ciento.

Ha comparecido este miércoles en la sesión plenaria extraordinaria de las Cortes de Aragón para presentar el informe correspondiente al año pasado. En 2016 se dirigieron a la institución para formalizar quejas 3.084 ciudadanos, sin contar los que se personaron para sumarse a las presentadas por otros, y se solucionaron 2.626 asuntos. El Justicia elaboró un informe sobre 'Personas en situación de exclusión social en Aragón'.

"El Justicia cuesta a cada aragonés lo mismo que un billete de tranvía", ha dicho Fernando Vicente, quien ha defendido la eficacia de la institución, al mencionar la intensa actividad llevada a cabo, constatando el año pasado una mayor respuesta de las Administraciones interpeladas, así como por los informes presentado durante su etapa.

En total, las Administraciones, muchas de ellas municipales, han aceptado el 68 por ciento de las resoluciones emitidas, ocho puntos por encima del porcentaje de 2015 y están pendientes de respuesta 26 resoluciones. Ha comentado que el 20 por ciento de los asuntos tramitados están vivos.

DEPENDENCIA

El número de asuntos relativos a la asistencia social ha bajado de 423 a 238 de un año para otro, un 39 por ciento, y las sugerencias también, de 94 a 52, mientras que en atención a la dependencia ha habido 47 quejas por 86 del año anterior y 28 sugerencias por 114 en 2015. Ha propuesto reforzar la comisión de tutelas y ha alertado de la tardanza en la aprobación de los PIAS.

"En el mundo social hay que resolver asunto por asunto", ha dicho García Vicente, quien ha mencionado las quejas en materia de pobreza energética y de las familias monoparentales, tras lo que ha llamado la atención sobre el IAI, considerando que no puede ser "algo crónico".

Respecto al área de Educación, con 1.054 quejas, ha dicho que "dejar a la gente decidir es siempre bueno" y ha expresado que el Departamento de Educación ha aceptado la mayoría de las votaciones. También ha recomendado "flexibilidad" al abordar los asuntos, como los plazos para solicitar becas escolares, que son de 10 días, lo que ha motivado algunas quejas ciudadanas.

Igualmente ha pedido que se supriman las barreras arquitectónicas en los centros especiales y que en los colegios se instalen microondas para calentar la comida.

En materia de medio ambiente ha mostrado su preocupación por la tala de árboles, apuntando que en la ciudad de Zaragoza se han realizado talas en la plaza de Los Sitios y antes en la Gran Vía, con un total de 3.000 árboles muertos o cortados por 1.000 plantados. Asimismo, ha aludido a los empadronamientos de aficionados a la caza y la pesca para tener derecho a practicar estas actividades en un coto.

Otro causa de las quejas ciudadanas son los ruidos, registrándose un repunte en las zonas de bares y también por las ferias de Huesca, Jaca y Calatayud, cuyos ayuntamientos han aceptado sus sugerencias y pondrán sonómetros y limitaciones de horarios. En algunas localidades, como Alagón y Ontinar de Salz, los ruidos provienen de los pabellones municipales. Las quejas de servicios públicos y vivienda han bajado un 41 por ciento, centrándose en las VPO, los parques infantiles y las ayudas a la rehabilitación.

Fernando García Vicente ha manifestado su preocupación por la contaminación de lindano por encima de la ubicación de la antigua fábrica de Inquinosa en Sabiñánigo (Huesca).

En el área de función pública, los asuntos tramitados han aumentado de 176 a 254, debido a los procesos de selección y movilidad, que "generan muchísimas quejas", aunque sobre algunas no pueden pronunciarse porque también se tramitan en los tribunales. Ha sugerido sacar a concurso de traslado y acceso a la función pública todas las plazas de funcionarios autorizadas, señalando que una forma de resolver la falta de médicos en el territorio no es enviar interinos a Barbastro o Teruel, sino darles una plaza en la Administración.

En sanidad ha disminuido el número de quejas, de 157 a 143, con asuntos relativos a las listas de espera, ha dicho el Justicia, subrayando los problemas en las consultas diagnósticas. Ha propuesto realizar en un solo día el máximo número de pruebas para evitar prolongar los días de hospitalización y ha trasladado las quejas por las dificultades para conectar por teléfono con el Salud para cambiar las citaciones.

Ha manifestado su preocupación por la atención a personas con enfermedad mental y ha urgido a mejorar la atención en odontología a los niños sordociegos.

Se han presentado numerosas quejas por el pago de impuestos y, por otra parte, el Justicia ha comunicado 95 sugerencias a ayuntamientos para la supresión de barreras arquitectónicas. Ha solicitado a 25 ayuntamientos que tengan en cuenta las fugas de agua en la reglamentación municipal de este servicio. En total se han presentado 110 quejas relativas al urbanismo por 80 del año anterior.

García Vicente ha apoyado la decisión del consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, de separar la gestión de la hospedería del Monasterio de Rueda y las visitas guiadas. Asimismo, ha emplazado a terminar los procesos de concentración parcelaria.

ELECCIÓN

En otro orden de cosas, el Justicia ha recalcado que las resoluciones del defensor del pueblo no son vinculantes "en ningún sitio" ya que en ese caso obligaría a contar con abogado y crear una segunda instancia, pero sí ha considerado necesario conseguir que vinculen más a las administraciones, alertando de "un problema de mentalidad".

También ha dicho que no se elige a los defensores por sufragio universal, sino que lo hacen los Parlamentos. "Que sea una mujer, estupendo; el mejor o la mejor, estupendo", ha añadido.

GRUPOS

El parlamentario del PP, Fernando Galve, ha subrayado que todas las Administraciones tienen la obligación de colaborar con el Justicia y ha comentado algunas quejas, como las relativas al proceso de escolarización.

El diputado socialista, Eduardo Pueyo, ha animado a todos a cumplir su deber de colaboración y ha puesto de relieve la proyección de la institución en las redes sociales e Internet, así como su labor en defensa del Derecho aragonés.

En representación de Podemos, Amparo Bella, ha apostado por dotar de un mayor carácter vinculante la acción del Justicia, apelando al "compromiso y voluntad política.

Desde el PAR, María Herrero ha señalado que la institución "forma parte de nuestra esencia, historia, raíces" y que debe ser "vanguardista", resaltando que el Justicia recoge aportaciones "desde una mirada crítica, pero constructiva, justa y amistosa" siendo las quejas "razonables en la práctica totalidad".

El diputado de Cs, Ramiro Domínguez, ha afirmado que García Vicente ha realizado un trabajo "formidable" y ha citado algunas quejas sobre asuntos como los alumnos con necesidades específicas y la conciliación de la vida laboral y familiar, o el incremento de los expedientes de urbanismo.

El diputado del Grupo Mixto, Gregorio Briz (CHA), ha destacado el aumento de la co-participación de las Administraciones públicas y ha emplazado a acabar con la situación de interinidad.