Además, el jurado ha rechazado, asimismo, la concesión en el futuro de la libertad condicional a Alejandre, que se encuentra en situación de prisión preventiva y continuará hasta que el magistrado José Ruiz dicte la sentencia. La fiscal, Pilar Cavero, ha estimado la atenuante de alteración psíquica leve y la agravante de reincidencia, ya que cumplió prisión con anterioridad por agredir a su marido. El tribunal ha considerados probados estos extremos por unanimidad.

En el veredicto, el jurado señala que el 11 de junio de 2015, a las 23.30 horas, la acusada prendió fuego "intencionadamente" a un colchón en una habitación desocupada de la residencia Santa Fe, siendo "consciente" de que la mayoría de los residentes estaban durmiendo "e incluso algunos impedidos para moverse", pese a lo cual prendió el fuego. La acusada es culpable de haber causado la muerte a nueve residentes y lesiones a otros nueve.

El Ministerio Fiscal se ha mantenido en su petición de más de 62 años de cárcel para Alejandre, seis años por cada muerte, tres meses por cada delito de lesiones y seis años por el incendio intencionado, con inhabilitación especial para el sufragio pasivo.

Según establece el veredicto, Alejandre deberá indemnizar a la aseguradora RGA con 73.404,64 euros, que corresponde a la cuantificación de los daños y a la propietaria de la residencia, María Isabel Domínguez, con 3.050,77 euros.

SATISFACCIÓN

El abogado Ricardo Agoiz, quien representa a nueve de las familias afectadas, ha manifestado -en declaraciones a los medios de comunicación- su "completa satisfacción" tanto por la labor del jurado, como la del magistrado y al "extraordinario" trabajo del Ministerio Fiscal y los demás abogados de las acusaciones y la defensa.

Ha comentado que el juez tiene que "desentrañar" en su sentencia algunas cuestiones, como la responsabilidad civil. "Vamos a ver qué dice la sentencia", ha indicado, avanzando que estudiará presentar un recurso contencioso-administrativo si el magistrado aprecia la responsabilidad civil del Gobierno de Aragón, recordando que tres acusaciones mantienen la petición de responsabilidad del Ejecutivo regional.