En la presentación de su Informe Anual 2017, 'Las personas refugiadas en España y Europa', CEAR ha señalado que este pacto debería servir para "garantizar el cumplimiento efectivo del derecho de asilo, más allá de los cambios políticos", al tiempo que han añadido que el conjunto de las administraciones públicas "se puedan implicar en las diferentes tareas para ofrecer una acogida efectiva que favorezca la inclusión de los solicitantes de asilo".

El coordinador de CEAR en Andalucía Oriental, Francisco Cansino, ha explicado que "en 2016 hemos batido un nuevo récord de personas que se han visto obligadas a elegir entre un ataúd y una maleta, acercándonos hasta casi 70 millones" y ha incidido en que "mientras el número de muertes en el Mediterráneo sigue aumentando, la respuesta de las autoridades españolas y europeas sigue siendo insuficiente para dar respuesta a este drama humano".

La propuesta de pacto incluye 12 medidas para asegurar el derecho de asilo entre las que se encuentran aprobar un reglamento para la actual Ley de Asilo y contribuir a un Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) con los objetivos de garantizar en la práctica el derecho de asilo.

De igual modo, CEAR ha apuntado a la necesidad de suprimir la exigencia de visado de tránsito a países en conflicto como Siria, poner fin a las devoluciones ilegales de Ceuta y Melilla, poner en marcha vías legales y seguras como son los visados humanitarios, con el fin de asegurar la protección a quienes huyen para poner a salvo sus vidas.

También CEAR ha pedido el cumplimiento por parte de España de los acuerdos de reubicación y reasentamiento, que ahora se sitúa en menos del ocho por ciento, el desarrollo de un sistema de acogida más flexible y sostenible, y un plan coordinado con el conjunto de las administraciones públicas y la sociedad civil.

"RETRASOS" EN LA RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES

Por otro lado, CEAR ha criticado que "los retrasos" en las resoluciones en las solicitudes de asilo "afectan gravemente a los procesos de inclusión y generan graves disfunciones en el sistema de acogida".

Al respecto, ha apuntado que "estos retrasos convertidos en norma han provocado la acumulación de más de 21.000 solicitudes pendientes de resolver: 21.000 personas que están pendientes de una decisión de la que depende su futuro".

DATOS

En relación con Andalucía, ha recordado que CEAR presentó los datos de asilo del año 2016 de la comunidad autónoma. En estos datos se observa un aumento considerable de solicitudes de protección internacional, llegando a registrarse un total de 1.784 durante el pasado año.

En las provincias de Málaga y Sevilla es donde se registró un mayor número de solicitudes: 872 en Málaga y 363 en Sevilla; frente a las 134 de Almería, 167 en Cádiz, 126 en Córdoba, 74 en Granada, 44 en Huelva y cuatro en Jaén.

Por otra parte, respecto a las nacionalidades de las solicitudes formuladas en Andalucía, la mayor parte de ellas corresponden a ucranianos y venezolanos, seguidas de las de personas procedentes de Siria y Mali.

Asimismo, durante la presentación del Informe, CEAR ha criticado que a pesar del aumento en el número de solicitudes en 2016, las dificultades en el acceso al procedimiento de asilo en la frontera sur, junto a la falta de vías legales y seguras, explican el descenso de peticiones de personas de Siria y otros países de Oriente Medio y África.

Además, ha añadido que "las devoluciones ilegales en la frontera persisten, a pesar de las críticas hacia este sistema del Defensor del Pueblo".

También CEAR ha alertado de que en lo que va de 2017 se ha triplicado el número de llegadas a costas españolas hasta las más de 3.000, mientras que el número de muertes registradas es ya de 54.

"En Málaga se ha producido un aumento de las llegadas sin precedentes, registrando un total de 762 en lo que va de año, triplicando los datos del mismo período durante el pasado año", ha señalado el coordinador.

EUROPA

Por otro lado, CEAR ha lamentado que, a cerca de tres meses del fin del plazo, los acuerdos de reubicación y reasentamiento a nivel europeo apenas se han cumplido en un 20 por ciento. Mientras que las más de las 1.800 personas que han perdido la vida en 2017 apunta que se alcanzarán otra vez cifras récord como las del año pasado de más de 5.000 muertes.

"Una pequeña minoría de las personas que huyen en el mundo lo hacen a algún país europeo y, sin embargo, la UE es incapaz de cumplir sus compromisos de mínimos y apenas mueve un dedo para que el Mediterráneo se convierta en una fosa común cada vez más grande", ha concluido.