El Parlamento gallego ha aprobado por unanimidad una propuesta del BNG para demandar a la Xunta que realice un informe "exhaustivo" sobre las consecuencias de la reestructuración bancaria en Galicia y la incidencia en los usuarios de esta concentración.

En la comisión de Economía, la diputada Noa Presas (BNG) ha destacado que este acuerdo llega en una semana "tremendamente negativa" para Galicia con la venta del Popular -en el que se integraba su filial gallega Pastor- "al precio de un café con leche", lo que ahonda en un proceso de concentración bancaria de "nefastas consecuencias" tras la desaparición de las cajas gallegas.

En esta línea, el portavoz parlamentario del Grupo Popular, Pedro Puy, ha subrayado que es "importante" que se haga estudio sobre el proceso de reestructuración, y más tras la desaparición del Banco Popular-Pastor, que define como "una de las peores noticias para Galicia en los últimos tiempos".

Previamente, Manuel Lago (En Marea) se ha referido a que Galicia tiene un "problema enorme" con ese "duopolio" -algo que solo "sucede en Lituania y aquí", ha dicho- en el que se queda la comunidad con Abanca y el Santander copando el mercado. Así, se ha llegado a un acuerdo transaccionado con una enmienda de los socialistas por la cual ese informe se presentará en la Cámara para su debate una vez finalizado.

A este respecto, Abel Losada (PSdeG) llama la atención sobre que cerca del "75 por ciento" del

mercado financiero gallego queda en manos de dos entidades, y avisa de la "posición de fuerza" frente a usuarios que ello supone.

FALTA DE CONTROL

Durante el debate, Noa Presas ha criticado la falta "control" de las autoridades a todo el proceso que ha rodeado la desaparición del Popular, a la vez que reprocha la "complicidad de grandes partidos del Estado" para apostar por la reestructuración, con la "privatización y bancarización de las cajas".

A renglón seguido, la nacionalista ha denunciado que Galicia "pierde músculo financiero propio", en un balance "desolador" de la etapa de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta, con la "privatización" y venta a precio de saldo de las cajas, a lo que ahora se suma la "crónica de una muerte anunciada" del Pastor.

Aquí, Presas ha puesto el foco sobre cómo los accionistas del Popular han sido "víctimas" en una "nueva modalidad de estafa", mientras los trabajadores "ven en riesgo su empleo". Censura que hay responsabilidades en los reguladores", dado que el Popular superó "hace seis meses" los test de estrés, además de la "permisión" para la ampliación de capital, que " también tiene responsabilidades".

Manuel Lago (En Marea) sostiene que "es grave" que "el segundo banco de Galicia" haya vivido un proceso de "agonía y liquidación" y "el poder político gallego no tenga nada que decir".

El diputado de En Marea ha dicho votar "con tristeza" esta iniciativa, pues le produce "ternura" que el Parlamento abogue por un informe sobre esta cuestión, cuando "la vida ahí fuera continúa".

Uno de los puntos sobre los que ha hecho hincapié Lago es el "papel central de inversionistas a la baja" que "liquidan instituciones" como el Popular, pues "ganan dinero si la acción del banco se deprecia". Subraya que este grupo "especulador" llegó a tener "el 12,9 por ciento de las acciones"

del Popular,

con el único objetivo devaluar la acción del propio banco".

También ha recriminado Abel Losada que "algo no se está haciendo bien y no se hizo" en el control del Popular por parte del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y Bruselas.

Asimismo, el socialista reflexiona sobre las incidencias que tendrá la desaparición de oficinas y empleo, puesto que la "exclusión financiera se va a ir incrementando progresivamente" en muchos municipios, junto a las "lagunas" en el "ámbito social y cultural" que provocará.

Por su parte, Pedro Puy ha defendido que "la Xunta puede hacer lo que puede hacer" en un contexto de "cesión de soberanía monetaria a Europa" ante una "crisis estructural de la banca".

Con todo, el portavoz popular valora que Galicia es "una de las pocas" comunidades con entidad financiera "localizada y domiciliada" en su territorio, al tiempo que se encuentra "mejor en término de oficinas que la media de España".