En el texto de la enmienda consensuada por las cuatro formaciones, la Cámara vizcaína "apelando al cumplimiento de lo previsto en la Ley General Penitenciara para evitar el desarraigo en el cumplimiento de las penas privativas de libertad, conforme a los principios de reinserción y resocialización de las mismas, manifiestan su desacuerdo con la política penitenciara de alejamiento".

En este sentido, dentro del "nuevo tiempo abierto tras el cese definitivo de ETA, entienden necesaria una nueva política penitenciaria que evite un cumplimiento de penas privativas de libertad lejos de los lugares de arraigo social y familiar, facilitando la relación con sus familiares y en atención al bienestar de hijos e hijas menores de edad y en defensa de su derecho de estar con progenitores", añade el texto aprobado.

El juntero socialista Ekain Rico ha agradecido el tono del debate, "el que utiliza la ciudadanía", en el cual se han dibujado dos posturas. Por una parte, el PP y el grupo Mixto han rechazado un cambio de la política penitenciara del Ejecutivo central mientras ETA no entregue las armas en su totalidad, no se disuelva, no reconozca el daño causado y no colabore en el esclarecimiento de "300 crímenes". Tanto Arturo Aldecoa como el portavoz popular Javier Ruiz han sostenido, además, que los presos "siempre" han podido acogerse a beneficios penitenciarios desde que en 1985 comenzara la política de dispersión.

Por su parte, las cuatros formaciones firmantes del acuerdo han destacado que "nos encontramos ante un nuevo tiempo político" en donde "no cabe" una política de alejamiento de los reclusos de ETA. Para el portavoz de EH Bildu, Josu Unanue, es necesario acabar con ella porque, entre otras cosas, afecta a los hijos e hijas de los presos "que no tienen ninguna culpa".

Podemos Bizkaia ha criticado el "incumplimiento legal" del Gobierno central al no permitir que los presos y presas cumplan las penas cerca de sus familiares. Por su parte, desde las dos formaciones que sustentan el Gobierno foral -PNV y PSE-EE- se ha abogado por comenzar una nueva política penitenciara que "favorezca la reinserción y resocialización" de estas personas. "Buscamos una segunda oportunidad. No es un premio", ha dicho Rico sobre el acercamiento de reclusos etarras a cárceles del entorno familiar y social.

PROPOSICIONES RECHAZADAS

En la misma sesión se ha sometido a debate y votación otras tres proposiciones no de norma que han sido todas ellas rechazadas. En una de ellas, EH Bildu ha planteado que la Diputación "dejara sin efecto" el expediente disciplinario abierto al bombero que se negó, el pasado 13 de marzo, a "colaborar", según este grupo juntero, en las labores de embarque de 4.000 toneladas de bombas con destino a Arabia Saudí, porque "no cometió delito alguno". La iniciativa ha contado con el apoyo de Podemos Bizkaia, mientras que las demás formaciones -PNV, PSE-EE, PP y Mixto- la han rechazado.

Estos cuatro grupos junteros se han alineado con las razones que ya dio la Diputación en una sesión anterior para continuar y no entorpecer el proceso abierto a un funcionario público que incumplió una orden superior preventiva de vigilancia por tratarse de material peligroso que podía afectar a la seguridad de bienes y personas.

El expediente "no se abre arbitrariamente sino por incumplimiento de unas obligaciones". Han criticado que lo que EH Bildu plantea es una "injerencia política" en una cuestión administrativa que fue abierta por un funcionario público y "debe ser cerrada" también por un instructor empleado de la Diputación.

A continuación, la Cámara vizcaína ha rechazado también, con los votos en contra de PNV y PSE-EE, una proposición no de norma de EH Bildu para solicitar formalmente a la Diputación la organización de una visita a la oficina Gertu de Durango, abierta por la Diputación en pruebas como punto de atención comarcal.

Por último, la comisión ha desestimado una proposición no de norma de Podemos Bizkaia, que solo ha contado con el apoyo de EH Bildu, para que la Diputación, junto con el Gobierno Vasco y los municipios de Bizkaia, estableciesen, entre otras cosas, una "línea de ayudas" a las personas afectadas por las enfermedades de sensibilización central ("sensibilidad química múltiple, electrosensibilidad, fibromialgia y fatiga crónica") para poder adecuar su vivienda.

La propuesta parece, según sus detractores -PNV, PSE-EE, PP y Mixto-, más una "declaración de voluntades" que una propuesta que pueda ser asumida por las instituciones vascas debido al "desconocimiento científico" de las causas que originan estas enfermedades.