El partido morado critica que tanto el Gobierno como Víctor Gijón conocían desde hace días la sentencia del Juzgado de lo Mercantil que le inhabilita durante dos años tras declarar culpable el concurso de acreedores de su empresa, Grupo Digital, "y no habían llevado a cabo

ninguna actuación al respecto".

Podemos se considera "el único partido comprometido realmente con

la regeneración de las instituciones", y afirma que su entrada en el Parlamento es un aval de que ninguna de las prácticas de gestión del

tipo de Víctor Gijón, utilizando el dinero público para crear redes

clientelares, va a pasar desapercibda".

Podemos añade que la dimisión de Víctor Gijón "no es una gran noticia" y afirma que su fiscalización del Gobierno "no tiene como

objetivo fundamental conseguir dimisiones, sino erradicar modelos de

gestión que despilfarran el dinero de los impuestos de toda la ciudadanía cántabra".

En ese sentido, considera que "el camino por andar es aún largo",

debido sobre todo a "la resistencia del Gobierno a afrontar los cambios necesarios en los modelos de gestión y las personas que los dirigen".

En su opinión, "la continuidad de gestores como Salvador Blanco en

Sodercan y su política de ascensos viene a confirmar que el Gobierno

valora más las lealtades personales y la capacidad de generar y

mantener redes clientelares que la capacidad de gestión que tanto

necesitan nuestra economía y nuestra industria para generar empleo".