El delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, ha justificado la presentación del recurso contra la conocida como la Ley vasca de Víctimas de Abusos Policiales entre 1978 y 1999 porque con ella se pretendía "burlar" la "tarea" de jueces y tribunales, y ha advertido que una administración "no puede decidir quién es responsable de un delito penal".

En rueda de prensa en Bilbao, De Andrés se ha referido, de esta forma, a la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley vasca Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999, una actuación que, según ha asegurado, no fue objeto de negociación en los acuerdos con el PNV sobre el Cupo y los Presupuestos Generales del Estado.

En su opinión, si se hace "un análisis un poco frío y sereno de qué era esta ley, la conclusión de cualquier jurista y persona que tenga un aprecio al estado de derecho, a las leyes, a la libertad y a la independencia de los poderes, se tiene que dar cuenta de que un gobierno no puede decidir cuestiones penales, y que no puede ser que una comisión de valoración elegida a dedo por el gobierno decida quién es culpable de un delito penal".

"Es muy sencillo, tenemos que saber distinguir lo que es la responsabilidad de quien legisla, de quien ejecuta las leyes y de quien las juzga, y ni el legislativo ni el ejecutivo se pueden meter a juzgar, ni el juez tampoco puede hacer leyes", ha remarcado.

De Andrés ha señalado que "la reparación y reconocimiento de las víctimas de cualquier acto no la puede hacer el ámbito administrativo", sino que "tienen que hacerlo los jueces y tribunales", porque "eso es precisamente la separación de poderes".

En ese sentido, ha recordado que "hay unos órganos que son legislativos, otros ejecutivos y otros judiciales, y lo que no puede hacer el poder legislativo ni el ejecutivo es asumir la tarea del judicial, y la tarea de jueces y tribunales es determinar si se han producido daños sobre personas y la reparación que les pudiera corresponder".

"Esto está reservado constitucionalmente, y por los derechos humanos en cualquier interpretación internacional, a los jueces, y nunca al ámbito administrativo, porque no solamente se está haciendo un reconocimiento de víctimas o de personas dañadas, sino también se está haciendo la identificación de una persona que se supone que ha cometido un delito", ha advertido.

De Andrés ha señalado que lo que conllevaba la Ley de Reconocimiento y Reparación de Abusos "era precisamente que el Gobierno fuera quien decidiera quién había sido víctima de una responsabilidad penal tipificada en el Código Penal", y "las responsabilidades penales no se dirimen desde los gobiernos". "No se puede crear una comisión de valoración y reparación, porque lo que está haciendo esa comisión es sustituir a los tribunales y no ofrece las garantías que tiene que ofrecer un tribunal", ha remarcado.

El delegado del Gobierno ha insistido en que lo que estaba haciendo el Ejecutivo vasco era "asumir las tareas de los tribunales sin tener capacidad y, además, de una forma que no se correspondía con la tutela efectiva de los tribunales, y se impedía que las personas tuvieran capacidad de defensa".

Por ello, ha precisado que lo que se recurre es que la Administración "no puede decidir quién es responsable de un delito penal", porque "para eso están los jueces, y esta ley lo quería burlar, y eso, en un sistema que se precia y aspira a ser un estado referente en la defensa de los derechos fundamentales, entre ellos la defensa de la justicia, no tiene un pase".

CUPO

De Andrés se ha referido también al acuerdo alcanzado sobre el Cupo que establece "un cupo provisional para 2017 de 1.300 millones de euros, con una serie de modificaciones por ajustes financieros por distintas circunstancias, entre ellas, las trasferencias que hace el Estado a favor de las políticas activas de empleo".

Según ha afirmado, es un acuerdo "muy razonable, proporcionado, que está basado en los intereses generales de España y del País Vasco, y que resuelve un problema de financiación que se había creado con una Ley de 2007 que era extraordinariamente confusa, que se hizo más difícil de interpretar con la transferencia de las políticas activas de empleo y con la reforma que se produjo en la financiación del resto de comunidades autónomas".

Asimismo, ha señalado la necesidad de "entender el Cupo como una fórmula de colaboración y cofinanciación de los vascos a las necesidades del conjunto de España y también a las necesidades del propio País Vasco en materias que son competencias del Estado". "Hemos hecho un cálculo adecuado del Cupo ajustado a una Ley confusa, que tenía unas complicaciones adicionales, y que se ha resuelto de una forma proporcionada para el conjunto de los españoles y los vascos", ha reiterado.

Sobre las críticas por parte de Ciudadanos a este acuerdo sobre el Cupo, De Andrés ha dicho que es "una posición política" de un partido que "se ha mostrado en contra de este sistema, y en la medida en que esté en contra del sistema está en contra de los acuerdos que se producen dentro de ese sistema", por lo que su posición no le "extraña".

En relación también a las críticas por parte de dirigentes del PP, entre ellos el presidente de Galicia, el delegado del Gobierno en Euskadi ha dicho que Alberto Nuñez Feijo ha dicho que en este asunto tiene que haber "claridad y transparencia" y, a su entender, "es obligado que se explique de forma clara y transparente". "Es posible explicarlo porque tiene sentido, porque este acuerdo no ha sido fruto de un cambalache, sino del resultado de un análisis pormenorizado y tiene pleno sentido", ha subrayado.

ACUERDO PRESUPUESTARIO

En cuanto al acuerdo para que el PNV apoye los Presupuestos Generales del Estado, De Andrés ha dicho que es "un acuerdo proporcionado y absolutamente razonable", que "responde a necesidades del País Vasco, pero también a necesidades de España, por lo que, consecuentemente, es proporcionado y de interés general".

En ese sentido, ha señalado que las obras de inversión para el Tren de Alta Velocidad, la Variante Sur Ferroviaria o la Intermodal de Júndiz son "infraestructuras de interés general", y "no solamente de interés para el País Vasco" y, además, son "competencias del Estado" y obras "convenientes para toda España" porque "dan servicio al conjunto del país, por lo que se requieren hacer con el conjunto de los Presupuestos Generales del Estado".

También ha destacado que dentro del acuerdo presupuestario alcanzado con el PNV se incluye "una programación de futuras inversiones, de cinco a diez años, de obras que tendrían que corresponder al Estado dentro de la Comunidad Autónoma Vasca".

De Andrés ha insistido en que se trata de un acuerdo presupuestario "básica y netamente inversor", y ha recordado que "ha habido otros acuerdos presupuestarios que no fueron de carácter inversor, sino subvencional, que tuvieron una trayectoria más bien triste y varios de ellos han acabado en los tribunales".

"Es un acuerdo netamente inversor de proyectos que corresponden al Estado por su dimensión y porque son de interés general para el conjunto de España, pero especialmente a los vascos, porque somos quienes estamos aquí y quienes vamos a disfrutar más directamente de estas infraestructuras, pero que las vamos a compartir con el resto de los españoles, como es un trazado ferroviario que une a la Península Ibérica con el resto de Europa", ha concluido.