El Estado español ha perdido el primero de los arbitrajes internacionales fallados en la corte internacional de arreglo de diferencias del Banco Mundial, el Ciadi, por los recortes aplicados desde 2010 a las energías renovables, indicaron a Europa Press fuentes cercanas al proceso.

El laudo, que ha sido notificado ya a las partes, da la razón en sus pretensiones a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg, que ha contado en el proceso con el asesoramiento de Allen & Overy.

Al realizar las inversiones, Eiser era socio en España de Elecnor y de la firma de ingeniería Aries. La firma un 36,95% en Aries Solar Termoeléctrica (Aste), que posee dos plantas termosolares de 50 megavatios (MW) en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), así como el 33,83% de Dioxipe Solar (Astexol), que desarrolla otra planta termosolar de 50 MW en Badajoz.

La inversión comprometida en estas tres centrales alcanza los 935 millones de euros y se acometió en 2007, el mismo ejercicio en el que se aprobó el real decreto 661/2007, cuya aplicación provocó un rápido despegue de las energías renovables.  Tras ese momento, el sector fue sometido a diversos recortes retributivos a la energía solar y a la termosolar, tanto por el PSOE (en 2010) como por el PP (en 2013).

El Gobierno ha confirmado la sanción que condena a España al pago de 128 millones de euros más intereses, frente a los más de 300 millones que reclamaban los demandantes. El ministerio de Energía anuncia que "estudia recurrir el laudo" y explica que el dictamen "no puede ser extrapolado ni constituir un precedente vinculante" porque "no cuestiona la reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno en 2013 y 2014".

El fallo del Ciadi supone el primer revés en los tribunales internacionales para España por estos recortes. En enero 2016, el Tribunal Arbitral de Estocolmo también se pronunció sobre la demanda presentada por Charanne B.V. y Construction, Investments, dos sociedades vinculadas a Isolux, por los recortes al sector fotovoltaico, aunque en aquella ocasión se pronunció a favor del Reino de España.

Ese fue el primer laudo arbitral internacional en resolverse de los interpuestos contra España en el sector renovable al amparo del Tratado de la Carta de la Energía. Anteriormente, las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional habían avalado también los recortes aplicados por el Gobierno en esta materia en los últimos años.

España acumula ante el Ciadi, dependiente del Banco Mundial, casi una treintena de demandas de inversores internacionales por los recortes aplicados a las energías renovables, ya que los inversores nacionales no pueden acudir al tribunal internacional de arbitraje.

"Resulta inaceptable que por una misma situación el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y ordene la ruina de sus nacionales", explica Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier).

Para la patronal de productores fotovoltaicos, "el quebranto sufrido por las 62.000 familias españolas es insoportable, tanto en lo económico como en lo moral". Según Anpier, se han soportado recortes del hasta el 50% de la tarifa regulada que ofreció el Estado, mientras la banca exigía el pago íntegro de la financiación.