La empresa negocia un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que afectaría al 80 por ciento de la plantilla y que argumenta en la pérdida de competitividad de la fábrica ya que aún no ha podido abordar el cambio de combustibles que le ayuden a rebajar sus costes energéticos.
Según ha informado el comité en un comunicado, la representación de los trabajadores reclama una colaboración "más efectiva" y un posicionamiento "más definido" por parte del Ayuntamiento para poder solucionar los permisos para llevar a cabo la valorización en la planta y poder evitar que se lleve a cabo el ERTE que la empresa ha comenzado a negociar, el cual afectará al 80 por ciento del personal propio y al 75 por ciento del personal de contratas.
"Necesitamos que la corporación municipal tome consciencia del grave efecto que supondrá en la zona el cierre temporal de esta planta, que puede desembocar en un cierre total en un futuro no muy lejano", han sostenido desde el comité.
El colectivo de trabajadores pide que se agilice el trámite del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y se confirme la compatibilidad urbanística de la valorización en la planta, puesto que en el nuevo PGOU se recoge que en esta planta "se pueden desarrollar las mejores técnicas disponibles, teniendo presente que la Valorización de Residuos está reconocida por la Comisión Europea en su directiva 2013/163/UE como una de las mejores técnicas disponibles en el sector cementero".
Tras incidir en que la marcha se realiza "por el derecho al empleo, la economía local y el desarrollo", el comité ha recordado que "los ciudadanos tenemos la solución en nuestras manos y los políticos deben gobernar de forma responsable". "Debemos exigirles que se comprometan ya que no tienen excusas", han concluido.
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