Rivarés ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación después de que el Arzobispado de Zaragoza no haya aceptado el acto de conciliación sobre la nulidad de las inmatriculaciones de los templos de La Seo, San Juan de los Panetes, la Magdalena y Santiago el Mayor, planteado por el Ayuntamiento y que ha tenido lugar este martes en el juzgado número 21 de Primera Instancia de la ciudad.

"La desavenencia entre las partes significa que hemos hecho bien porque el juez ha reconocido la capacidad jurídica y política del Ayuntamiento para llevar a cabo esta decisión y creo que ha sido para bien", ha sintetizado Rivarés.

A partir de ahora, "toca esperar la respuesta oficial del Gobierno de Aragón y del Gobierno de España a la petición formal del Ayuntamiento de Zaragoza para que tomen cartas en el asunto" al argumentar que la Ley Hipotecaria dice que estos bienes "solo pueden ser de titularidad pública y el Ayuntamiento ha cumplido la ley porque 30 años después nadie lo había hecho y hemos impedido que expirara el plazo" tras recordar que en el caso de la inmatriculación de La Seo terminaba el pasado 8 abril.

En este sentido, ha avanzado que "según sea la respuesta haremos una cosa u otra, pero esto no termina. Hemos cumplido nuestra obligación de cumplir la ley y reclamar la titularidad pública de unos bienes culturales y patrimoniales muy importantes para la ciudad".

Enérgico ha explicado que "hemos abierto un camino muy importante para cualquier administración, para cumplir la ley y que estos bienes sean de titularidad pública".

EN EL CONGRESO

Asimismo, ha señalado que "se ha demostrado que el Ayuntamiento quería abrir un debate sosegado y cumplir la ley para que estos bienes sean de titularidad pública" ha abundado y ha querido dejar claro que "nadie cuestiona los usos, solo la titularidad que tiene que ser pública, como dice Ley hipotecaria de hace unos años"

Rivarés ha apostillado que el grupo parlamentario del PSOE en el Congreso "ha hecho lo mismo en el ámbito legislativo" al registrar una petición para que se elabore una lista de bienes inmatriculados "irregularmente que deben ser de titularidad pública, sin cuestionar los usos", ha remachado.

También ha dicho que "nos parece un poco mal esta especie de empeño de la Iglesia de cuestionar el derecho constitucional de una institución publica y democrática para entrar en el debate de la titularidad y de recurrir a un juzgado para este asunto, es inaudito".

Sobre la actitud jurídica de la iglesia católica ha dicho que "cuando alguien va a un proceso tiene que demostrar lo que reclama y nosotros decimos que es irregular las inmatriculaciones de bienes que nunca fueron suyos legalmente y además la Ley hipotecaria dice que solo pueden ser titulares una administración pública".

Rivarés ha agregado que "la iglesia no ha demostrado que sean suyos" y ha relatado que cuando se rehabilita la catedral de La Seo se hace con dinero público, pero "la Iglesia registró ese espacio irregularmente", para apostillar que "su opinión es una opinión y no un argumento jurídico".

Finalmente, ha apuntado que la desavenencia en el juzgado "aclara que tenernos legitimidad jurídica y política para lo que hemos hecho y la administración debe responder", para instar nuevamente a otras administraciones a que se pronuncien al respecto.