La sala cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid ha reabierto el caso Arroyo y ordena investigar el presunto entramado económico de personas y cargos públicos relacionados con el desarrollo urbanístico de este municipio, según informó El Norte de Castilla.
Con esta decisión, la audiencia reboca el auto de sobreseimiento provisional del caso, decidido por el juez de instrucción número 1, al no encontrar pruebas tras 13 meses de investigaciones.
De este modo, este mismo juez tendrá que volver a abrir el caso, pero no podrá investigar sobre la recalificación de terrenos en el SAU-9, donde la constructora Mahía logró permiso para levantar 2.500 pisos sobre un suelo que era industrial. Esto fue lo que originó la investigación, pero como la Junta no lo dio de paso, ahí quedó todo.
Deberá centrarse en los aspectos relacionados con un «círculo de influencias» que pudiera haber utilizado sus relaciones para beneficiarse.
Para ello tendrá que llamar a citar al alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez, a María Miguel, que era la apoderada de Maexpa, una sociedad del Grupo Mahía, hija del presidente del Balonmano Valladolid, Dionisio Miguel Recio y hermana de Julio César Miguel, accionista de la constructora Dafranma, que también deberán prestar declaración.
Asimismo pasarán por el juzgado el presidente de Mahía, Ramón López, el arquitecto municipal de Arroyo, Buenaventura Conde, y su esposa Nerea Santiago.
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