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Cs reclama incorporar a personas con discapacidad intelectual a puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Málaga

  • El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Cassá, ha presentado este martes en la sede de la Asociación Down Málaga una moción a la próxima Comisión de Economía para recordar la obligación que tienen las instituciones de proveer plazas para personas con discapacidad intelectual en sus ofertas de empleo público.

La iniciativa, que es continuación de otra ya presentada por la formación el año pasado, persigue un compromiso expreso del Ayuntamiento para la contratación de personas con síndrome de Down en empresas y organismos municipales, más allá de que también puedan hacer prácticas. Al mismo tiempo, se persigue una adaptación de las pruebas -temarios, tiempos, lenguajes- a la realidad de estas personas y al puesto para el que se concurre.

Según ha explicado Cassá, "por ley, las ofertas de empleo público tienen que reservar un cupo no inferior al siete por ciento para personas con discapacidad y se marca un dos por ciento para personas con discapacidad intelectual". Así, ha recalcado que es una medida "de justicia social. Es un modo de ofrecerles instrumentos de desarrollo personal y de realización, de autonomía".

Asimismo, ha argumentado que el empleo público "tiene que ser representativo de la sociedad", a lo que ha detallado la necesidad de tener siempre presente ejemplos como el de Pablo Pineda, "quien rompió todos los moldes al terminar sus estudios universitarios, hito ampliamente acrecentado con su trayectoria vital posterior".

En este sentido, Cassá ha subrayado que hay empresas privadas

que son "un ejemplo" en Málaga en estas acciones y que "llevan una clara y convencida estrategia de responsabilidad social corporativa". El vicepresidente de Down Málaga, Enrique Rosell, ha mencionado los ejemplos de El Pimpi, el Hotel Don Curro, Decathlon y otra serie de empresas "que hacen que en la capital malagueña haya algo menos de una treintena de personas con este síndrome con contratos laborales".

Por su parte, el presidente de Down Málaga, Francisco Muñoz, ha asegurado que hay otras administraciones como el Ayuntamiento de Granada que tienen a estas personas trabajando, así como parlamentos e instituciones de lugares como País Vasco, Valencia o Castilla La Mancha "y que hace falta que este ejemplo cunda en Málaga".

Muñoz ha asegurado que ya se hacen prácticas en el Ayuntamiento, pero luego no tienen continuación laboral. Para mayor abundancia, ha añadido que "no solo hace falta nutrir las convocatorias de empleo público con los cupos fijados, sino que hay muchas posibilidades de contratación mediante otras vías, en empresas municipales por ejemplo".

BASE LEGAL DE LA INICIATIVA

Los derechos laborales de las personas con discapacidad venían regulados en la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que a su vez modificaba el estatuto básico del empleado público, obligando a reservar determinados cupos en las ofertas de empleo público para personas con discapacidad.

Dicha disposición fue derogada por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece que "en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública."

De igual modo, se estipula que "la reserva del mínimo del siete por ciento se realizara de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual, y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad."

Para garantizar la igualdad de oportunidades, aunque respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad que debe regir las contrataciones por parte de las administraciones públicas, se establece que "cada administración pública adoptará las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad."

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