El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha explicado que el promovido por el colegio San Gabriel ha correspondido al juzgado número 5 contencioso administrativo de Zaragoza, que ha fijado el próximo 17 de abril como plazo para presentar alegaciones.

Precisamente, este martes ha concluido el periodo fijado por los juzgados contencioso administrativo números 1 y 3 de la capital aragonesa a la Administración autonómica y al Ministerio Fiscal para presentar alegaciones a sendos recursos presentados el pasado jueves por los colegios Sagrado Corazón de Jesús y Virgen de Guadalupe.

En cada uno de estos dos colegios se suprime un aula en el primer curso de Educación Infantil el próximo curso y ambos habían solicitando la adopción de medidas cautelarísimas en relación con el proceso de escolarización de centros sostenidos con fondos públicos para el curso 2017-2018, que comienza el próximo 19 de abril.

Los magistrados, en sendos autos, determinan que ambos recursos se tramiten como medida cautelar, no como cautelarísima, concediendo audiencia previa a la Administración y al Ministerio Fiscal, en este último caso por tratarse de la protección de los derechos fundamentales.

Dado que la fecha de solicitud de plazas escolares comienza el próximo 19 de abril ambos magistrados entienden que no existen razones de especial urgencia y antes de decidir si se estiman las medidas cautelares conceden audiencia previa a la Administración y al Ministerio Fiscal.

El resto de centros que han presentado recurso son Teresianas del Pilar, Cristo Rey-Escolapios, Marianistas, La Salle Montemolín, Jesuitas y Santa María de la Esperanza, este último de Pina de Ebro. Al respecto, el TSJA ha precisado que los magistrados continúan la tramitación sin que por el momento se hayan adoptado medidas.

Por su parte, el consejero de Presidencia del Ejecutivo autonómico, Vicente Guillén, ha manifestado en rueda de prensa, tras celebrarse Consejo de Gobierno, que las alegaciones presentadas por la Administración autonómica este martes se apoyan en "derecho a la planificación en materia escolar" y en la disminución demográfica y, como consecuencia, en la bajada de alumnos.