Tras señalar que la obtención de una subvención "no se ajustaba a la realidad", Fiscalía Anticorrupción podría elevar a cinco los delitos que pretende que se le atribuyan a Sánchez, que figura como investigado en este caso.
A los de fraude se sumarían los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la Administración Pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.
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