Gobierno y sindicatos ultiman la mayor oferta de empleo público desde que empezó la crisis

Funcionarios
Empleados públicos en su puesto de trabajo. (EFE)
  • Se crearían al menos 266.000 plazas fijas en tres años, la mayor oferta de empleo público convocada desde el inicio de la crisis.
  • La negociación está "encallada" en los aumentos salariales: los sindicatos creen que debe superar el 1% y recuperar el poder adquisitivo perdido.
  • Hacienda y sindicatos fijarán las cifras definitivas la semana que viene, en una reunión previa a la aprobación de los Presupuestos el 31 de marzo.
  • El Gobierno aprobará el día 31 un decreto ley para que haya oposiciones de docentes sin esperar a que haya Presupuestos para este año.

El Gobierno y los sindicatos ultiman una oferta de empleo público (OEP) para los próximos tres ejercicios, con la que se reduciría la temporalidad y la interinidad del 25% actual al 8%, según fuentes sindicales.

"Hacienda ha cuantificado 295.700 puestos interinos en todas las comunidades y nos ha trasladado la voluntad de reducir esta cifra, en un periodo de tres años, hasta un 90%. Esto supondría la conversión en plazas fijas del entorno de 266.000 plazas", aseguran desde el sindicato de funcionarios CSIF. Se trataría de una oferta de empleo público histórica, la mayor desde el inicio de la crisis.

Se reduciría la temporalidad y la interinidad del 25% actual al 8%Fuentes de UGT explicaron que la reunión del miércoles con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, no fue concluyente, aunque destacan que en materia de empleo hay un posicionamiento "más cercano".

El Ejecutivo estaría dispuesto a aceptar un acuerdo de reposición del 100% en Sanidad, Justicia y Educación —es decir, que a cada jubilación se respondiera con la creación de un empleo—, pero los sindicatos reclaman que la tasa sea mayor para reducir el déficit de 300.000 empleos perdidos desde 2011.

Desde CSIF, por su parte, destacan que se ha avanzado que el Gobierno habría aceptado considerar como puestos "prioritarios" un mayor número de ámbitos de la Administración General del Estado (AGE) que los tres citados antes, como los servicios de atención directa al público, de forma que se añadirían ámbitos como los servicios en oficinas de DNI, Seguridad Social, servicios de empleo o DGT, entre otros.

Los salarios, principal escollo

Tanto UGT como CC OO piden al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, la convocatoria de al menos 360.000 nuevas plazas y un aumento del salario de los empleados públicos que, como mínimo, supere el IPC de 2017, que el Ejecutivo prevé que se sitúe en el 1,2%. 

Los sindicatos reclaman al Gobierno recuperar el poder adquisitivo de los empleados públicos perdido durante los años de crisisEn materia salarial, las mismas fuentes señalaron que la negociación está "encallada", ya que los sindicatos consideran que el aumento de la retribución de los empleados públicos debería ser superior al 1% —la cifra que ha ofrecido el Gobierno—para que no sigan acumulando pérdida de poder adquisitivo el IPC del 3% actual.

Los sindicatos reclaman al Gobierno la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos perdido durante los años de crisis, tras la bajada del 5% aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y la congelación de los mismos al año siguiente, en 2011, y durante toda la legislatura de Mariano Rajoy.

Próxima reunión, la semana que viene

La próxima semana se celebrará una nueva reunión previa a la convocatoria de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, que podría fijarse para el 28 o 29 de marzo, o el jueves 30 de marzo, un día antes de que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de Presupuestos para 2017. En la Mesa se comunicará la cifra definitiva de empleo y la subida salarial que irá a los presupuestos.

Tras la aprobación por parte del Gobierno de las cuentas públicas, estas entrarán en el Parlamento los días 3 ó 4 de abril y se prevé que la votación de las enmiendas a la totalidad se produzca en la primera semana de mayo. Si se supera ésta, el proyecto de Ley pasará a la Comisión de Presupuestos, donde se producirán las comparecencias de los secretarios de Estado de cada Ministerio y concluirá con un dictamen tras debatir las enmiendas.

La votación del Presupuesto por secciones, una vez incorporadas las enmiendas podría producirse la última semana de mayo. Si el Gobierno logra que sus cuentas superen esa votación, las cuentas pasarán al Senado donde el PP tiene mayoría absoluta. Tras este trámite, el Ejecutivo espera que el Congreso de la aprobación definitiva la tercera semana de junio y las cuentas de 2017 vean la luz.

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