Según ha trasladado la Junta en una nota, en 2017 la Junta va ampliar su compromiso con la atención a las personas en situación de dependencia, con la puesta en marcha de un plan de refuerzo, que pretende "mitigar los efectos de los recortes del Ejecutivo central, avanzar en la atención de las personas con dependencia moderada y reducir los tiempos de respuesta".

El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería, José María Martín, ha informado sobre la actividad realizada en Almería durante el pasado año por parte de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, así como de las principales novedades que van a ponerse en marcha durante 2017. Martín ha señalado que "actualmente, en la provincia contamos con 16.826 beneficiarios del sistema de atención a la dependencia, que reciben 20.806 prestaciones".

El responsable de Políticas Sociales ha explicado que "en 2016, la Junta ha abonado en la provincia de Almería un total de 112.340.100 euros para la atención de las personas en situación de dependencia; de esa cifra, más de 25 millones han sido para el pago de prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar, 34,9 millones para la atención residencial; 8,1 millones para las Unidades de Estancias Diurnas; 43,2 millones para el servicio de Ayuda a Domicilio; y 851.213 euros para el refuerzo de los servicios sociales comunitarios en materia de dependencia".

El delegado ha manifestado además que "estos importes han sido abonados a entidades del tercer sector (26 millones), corporaciones locales y Diputación Provincial (59,9 millones), al sector público andaluz (1,2 millones) y a usuarios a título individual (25,1 millones), en el caso de las prestaciones económicas".

Martín ha destacado que "todas las facturas correspondientes a 2016 están ya abonadas, lo que muestra el compromiso de la Junta de Andalucía con la atención a las personas dependientes y el gran esfuerzo que realiza, a pesar de no contar con financiación suficiente por parte del Gobierno central".

Desde 2012, según los datos de la Junta, Andalucía "ha dejado de recibir 508 millones de euros por parte del Gobierno central, además de otros 12 millones que dejará de percibir por el pago de la teleasistencia avanzada, clave para la atención de las personas con dependencia moderada". Actualmente la Junta financia el 78 por ciento de la inversión total asociada a la atención a la dependencia, en contra del compromiso de cofinanciación al 50 por ciento que marca la ley, según ha incidido la Administración autonómica.

En los presupuestos de 2017 se consigna un 2,5 por ciento más que en 2016 para el desarrollo de la Ley de Dependencia, "cantidad similar a la que el Gobierno central destina para toda España", esto es, hasta los 1.250 millones. "El compromiso de la Junta es que este incremento continúe hasta alcanzar el diez por ciento acumulado a lo largo de la legislatura. Desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia hace diez años, la Junta ha invertido más de 10.000 millones de euros en la atención a más de 371.600 personas, que se han beneficiado de 488.300 prestaciones", han añadido.

PLAN DE REFUERZO

De cara a 2017, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales va a desarrollar un Plan de Refuerzo, con un presupuesto global de 25 millones de euros, ya incluidos en las cuentas de la Junta de Andalucía para 2017, que permitirá incorporar este año a 76.400 personas.

El delegado territorial ha señalado que "este plan cuenta con tres bloques de medidas, referentes a agilización de procedimientos, ampliación de supuestos de excepcionalidad y mejora de la atención a las personas con dependencia moderada".

En el primero de estos ámbitos, el plan refuerza la colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para mejorar y agilizar la respuesta en los procesos de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones, dado que los ayuntamientos son la puerta de entrada al sistema a través de los servicios sociales comunitarios.

El segundo de los bloques amplía y define los nuevos supuestos de excepcionalidad en el acceso a la prestación económica para el cuidado en el entorno familiar y el apoyo a cuidadores no profesionales. Así, se incorporan los menores de 21 años en etapa escolar; las personas con enfermedad mental que permanecen con la familia, y aquellas con necesidades especiales para las que el servicio de ayuda a domicilio o de centro de día resultan insuficientes y para las que la atención residencial se desaconseja por los servicios sociales comunitarios.

Como tercer eje, el plan avanza en la incorporación al sistema de las personas con dependencia moderada reconocida. En este sentido, destaca el reconocimiento del Servicio de Teleasistencia Avanzada como la prestación principal, en lugar de complementaria como hasta ahora, para las personas con dependencia moderada.

Esta ayuda permite la detección de situaciones de riesgo mediante el uso de dispositivos periféricos en el hogar; facilita la atención fuera del domicilio con elementos móviles y de localización; favorece la actuación de los servicios de urgencias y emergencias sanitarias, y tramita con mayor agilidad las citas médicas y consejos sanitarios a través de la integración en la plataforma de asistencia del 061 y Salud Responde.