En estos momentos, en el Parlamento Europeo se está debatiendo una propuesta de resolución que apuesta por el refuerzo de los programas de rentas mínimas y de los programas de empleo protegido asociados a los mismos, así como por enmarcarlos en una estrategia más amplia con medidas en los ámbitos de la educación, la salud, la vivienda o el empleo, ha explicado en una nota el Ejecutivo foral.

El vicepresidente Laparra defendió la "oportunidad y adecuación" de esta propuesta de resolución, ya que, según dijo, "el desarrollo de estos programas es muy insuficiente y claramente insatisfactoria en muchos estados miembros". Puso de ejemplo el caso de España, en el que "sólo en unas pocas comunidades autónomas hay auténticos programas de rentas mínimas garantizadas, comparables con los estándares europeos, en un territorio que supone tan solo el 9% de la población de España".

Laparra abogó por una mayor implicación y vigilancia por parte de las instituciones europeas, lo que a su juicio "tendría un efecto positivo en la mejora general de la lucha contra la pobreza en el conjunto del Estado". Asimismo, valoró positivamente la línea de reformas que se están poniendo en marcha en algunas comunidades autónomas y destacó la experiencia de Navarra, con "un refuerzo de los recursos presupuestarios, que se han doblado en dos años, y con una nueva regulación que mejora los instrumentos de empleo social e inserción en el empleo, mejora las cuantías a las familias de más miembros, apuesta por la reducción de la pobreza infantil, aumenta la cobertura simplificando los requisitos e incorpora otros grupos antes excluidos, como las personas mayores de 65 años".

Destacó también el compromiso del modelo navarro por la inclusión social y laboral, un modelo basado en el reconocimiento de un doble derecho a una renta garantizada y a la inclusión social y laboral.

Un elemento que se destacó en el debate fue la necesidad de impulsar lo que se denomina empleos en transición, en referencia al empleo social. Al respecto, el vicepresidente destacó su incorporación como derecho en la Ley Foral de Renta Garantizada, así como la "apuesta firme" al respecto de Navarra, que para 2017 "ha triplicado los recursos presupuestados en 2015".

En el debate se defendió también la oportunidad de definir en Europa los elementos comunes que deberían tener los programas de rentas mínimas de todos los países, en especial en lo que se refiere a la "eliminación de requisitos restrictivos que reducen la cobertura y generan discriminación de ciertos grupos", así como el establecimiento de algunos criterios para establecer las cuantías "de un modo que sean coherentes con el nivel de los salarios, de las pensiones o de otras prestaciones contributivas".