En un auto dictado este miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, la titular del juzgado señala que da traslado de su decisión a la Fiscalía y acusaciones para que en el plazo de diez días formulen escrito de acusación solicitando apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que excepcionalmente puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular procesamiento.

Según los hechos recogidos en el auto, el funcionario Clemente Ruiz desempeñaba sus funciones como encargado de la Caja y María José Lebrero funciones como auxiliar administrativo en la etapa investigada. Así, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 1 de abril de 2009 Clemente Ruiz habría sustraído la cantidad de 7.810.769,93 euros.

Señala que para ello contó, presuntamente, con la participación y colaboración de Lebrero, y "con la ausencia total y consciente de control alguno por parte de los encargados de ello", en alusión José Antonio López Fernández (tesorero y posterior interventor durante el periodo consignado) y María de las Virtudes Gómez (tesorera).

A Ruiz se le imputan delitos de malversación de caudales públicos, estafa, falsedad documental, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Según se indica en el auto, sustrajo unos ocho millones en dicho periodo, sirviéndose para retirar los importes "casi diariamente" de la "hoja de caja", un documento que él mismo había creado y que elaboraba cada día al finalizar la jornada.

En dicha "hoja de caja" disminuía la cantidad que había quedado en la caja el día anterior y que debía sumarse diariamente para determinar el líquido existente. Dicha diferencia era la que presuntamente sustraían los funcionarios investigados. También recoge el auto que cuando Ruiz no acudía a trabajar se encargaba de elaborar la "hoja de caja" Lebrero, a la que se imputa un delito de malversación de caudales públicos falsedad documental, al existir "sobrados indicios de que conocía y colaboraba en las actuaciones de Clemente".

Apunta el juzgado que Clemente Ruiz "utilizó los importes sustraídos en su propio beneficio, asumiendo gastos propios y de una familia con la que tenía especial amistad" -la familia marroquí-. Para dar apariencia de legalidad al dinero sustraído habría creado una inmobiliaria y negocios con la colaboración de la citada familia, en uno de los cuales estuvo contratada como directora de marketing la esposa de Ruiz, donde nunca prestó sus servicios y de la que tampoco llegó a cobrar.

Según ha agregado, para eludir las responsabilidades pecuniarias en caso de que se descubriese la sustracción, la esposa de Ruiz y su suegra vendieron todo su patrimonio inmobiliario, lo que ha impedido realizar ningún embarco en el marco de este proceso.

En cuanto a la tesorera y al interventor, se encuentran investigados en la causa por su posible participación en la comisión de un delito de malversación de caudales públicos doloso, pues "con la omisión de sus funciones elementales colaboraron activamente y de forma consciente con la sustracción producida en la caja municipal".

En lo que respecta a la esposa y a la suegra de Clemente Ruiz, se les imputan delitos de blanqueo de capitales, receptación y alzamiento de bienes.

A los dos miembros de la familia marroquí que han sido localizados y que han prestado declaración en el marco del procedimiento se les imputan delitos de blanqueo de capitales, receptación y alzamiento de bienes.

EVITAR DILACIONES

Expone el juzgado que la instrucción se ha demorado a lo largo de casi nueve años, estándose todavía hoy pendiente del resultado de comisiones rogatorias para la investigación patrimonial y declaración como investigados de parte de la familia marroquí, concretamente de seis personas.

Retrasar la continuación de las presentes diligencias previas como procedimiento abreviado solo para esperar el resultado de las comisiones rogatorias "no tiene justificación". En primer lugar, porque supondría alargar la finalización de la instrucción previsiblemente "en uno o dos años más".

En segundo lugar, siendo conscientes de que parte de los investigados se encuentran residiendo en Marruecos, se dependería de su extradición para que pudieran ser juzgados en España. En caso de que fuese denegada dicha extradición, "nos encontraríamos en el mismo punto con uno o dos años de retraso".

Por ello, el juzgado entiende que procede continuar el procedimiento abreviado respecto de los investigados que han sido localizados. Con respecto a los demás, deberán abrirse las piezas separadas correspondientes hasta que sean hallados y se pueda proceder a su enjuiciamiento en España.