Las haciendas vascas recaudaron el año pasado 12.950,7 millones, 547,3 millones menos que los 13.498 millones de euros de la previsión inicial sobre la que se elaboraron los Presupuestos de 2016. La cifra también es inferior a la corrección que se efectuó el pasado mes de octubre respecto a la previsión inicial, cuando se estimó que 2016 se cerraría con unos ingresos de 13.025 millones. En comparación con 2015, la recaudación se incrementó un 2,7 por ciento.

El Gobierno vasco y las diputaciones forales han dado a conocer estos datos al término de la reunión celebrada este lunes por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas (CVFP), en la que han hablado de la propuesta del consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, sobre "aumentar la presión fiscal".

Azpiazu ha señalado que en este debate deben participar "todas las instituciones afectadas", tanto las competentes en elaborar la normativa, como aquellas de cuyos recursos dependen estas decisiones, "teniendo muy claro que en esta cuestión, los que legislan son las Juntas Generales".

Tras recordar que en la última reforma fiscal aprobada en enero de 2014 ya incluía una revisión de los resultados tras tres años de vigencia, cree que es el momento de entrar en ese análisis "con tranquilidad". Además, ha señalado que la reforma vigente contó con un consenso "muy amplio" y cree que cualquier modificación en ese sentido debe contar con un consenso así de amplio, que cuente con el acuerdo de todos. "La reforma debe combinar dos objetivos: garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos y contribuir al impulso de la actividad económica", ha indicado.

El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, ha defendido que la fiscalidad es un elemento no solo para recaudar sino también para mantener las políticas e inversiones públicas, que está al servicio del tejido económico y de la generación de empleo de un país, por lo que cree que se debe analizar la reforma "en su conjunto" y no solo centrarse en el Impuesto de Sociedades. "Estamos inmersos en el análisis de la reforma fiscal", ha insistido antes de rechazar que se afirme que vaya a haber una reforma, porque "es necesario dar estabilidad económica, política y fiscal".

En este sentido, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha apostado por mantener la fiscalidad "al margen de coyunturas políticas y electorales y darle estabilidad" porque "es importante la estabilidad fiscal" y se ha mostrado a favor de abordar una "posible reforma" tras evaluar los resultados de la reforma vigente. Asimismo, ha defendido que es necesario mantener la armonización entre territorios y que cuente con "amplios acuerdos", ya que en el caso de las Juntas generales de Álava son necesarios "amplios acuerdos" para introducir cualquier modificación.

El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, por su parte, ha defendido que la financiación de las políticas públicas y su suficiencia financiera es la prioridad de las instituciones públicas, y, por ello, ve necesario ir evaluando el marco legal y de gestión, y dentro de esta evaluación se incluye la de la reforma fiscal de 2014 pero también, por ejemplo, la reforma de la Ley de Aportaciones. "El enfoque debe ser integral y todas las instituciones tenemos que ser capaces de alcanzar un acuerdo que satisfaga al conjunto institucional, que todos estemos cómodos con el resultado final", ha defendido.

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