Podemos y Ahora Murcia presentarán en la Comunidad y el Ayuntamiento recursos de revisión de planes parciales aprobados en las últimas dos décadas para incrementar la capacidad residencial del municipio de Murcia en hasta 400.000 habitantes, ya que "la mayoría de actuaciones tramitadas se realizaron sin el informe de la Confederación Hidrográfica del Segura".

Así lo han explicado en rueda de prensa el secretario general de Podemos, Oscar Urralburu, y las concejalas de Ahora Murcia, Alicia Morales y Ángeles Micol, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, que tumba un plan parcial de Puente Tocinos al no estar acreditada la disponibilidad de los recursos hídricos necesarios.

"Es un golpe a toda la política urbanística que se ha venido desarrollando por el Gobierno del PP en las últimas décadas en nuestro municipio", ha subrayado Alicia Morales, "entendemos que esta sentencia afecta de forma integral a todo el municipio y supone un golpe de muerte a esa política, basada en el urbanismo a la carta, en primar intereses particulares de los promotores al general y que ha tenido como consecuencia, un municipio afectado por la burbuja inmobiliaria, lleno de casas vacías, con nuestro patrimonio de la huerta destrozado".

Desde Ahora Murcia "apostamos por un crecimiento de nuestro municipio sostenible, por el interés general, y porque todo se realice siempre desde la legalidad; estamos hartos de ver gestión del PP plagada de irregularidades, como dicen una y otra vez, las distintas sentencias judiciales".

A su juicio, "hay que apostar, de una vez por todas, por el fin de este modelo del pelotazo urbanístico del PP, y empezar a generar otro modelo de desarrollo económico para nuestra ciudad y pedanías".

Según ha acentuado la edil Ángeles Micol, "la importancia de esta sentencia radica en que el TSJRM dio la razón a los vecinos, en cuanto que faltaba el informe de recursos hídricos, sin el que no se pueden seguir aprobando actuaciones urbanísticas, porque al final no habrá agua para las urbanizaciones y se lo tendremos que quitar a la agricultura; llegamos a un urbanismo insostenible, que, además, va a afectar a distintos sectores de esta Región".

Ante la sentencia del Tribunal Supremo, "que acaba, uno por uno, con la batería de argumentos del Consistorio", el Ayuntamiento de Murcia, ha subrayado Micol, "no puede seguir discutiéndonos que cualquier actuación urbanística donde no exista el informe de la Confederación Hidrográfica (CHS) o éste sea negativo, sería ilegal".

Es algo "que tienen que asumir; de lo contrario, seguiremos viéndonos en los tribunales", ha añadido la edil, quien ha explicado, en este sentido, que desde la aprobación del PGOU de Murcia en el año 2001 se ha iniciado la tramitación de 128 modificaciones puntuales, de las que 79 han alcanzando la aprobación definitiva, mientras que las 49 restantes se encuentran en diferentes fases de la tramitación

administrativa, "cinco de ellas tan solo a falta de que el acuerdo de su aprobación definitiva se publique en el BORM para tener eficacia completa".

En el Plan General aprobado en 2001 se estimó una capacidad residencial de 990.000 habitantes, "a pesar de que contenía una estimación demográfica para el municipio de unos 502.000 habitantes al año horizonte de 2025" y la aprobación de las modificaciones han supuesto una alteración de las estimaciones establecidas, sobre todo del volumen edificable residencial, es decir, que "se ha aumentado la capacidad residencial del municipio en 394.876,65 habitantes, lo que supone casi el doble de la población de murcianos actual".

Esto supone que "en la actualidad nos encontramos con un Plan

General de Ordenación Urbana del municipio de Murcia donde no se han garantizado la existencia de infraestructuras, de recursos hídricos, de servicios sociales y sanitarios, la cobertura de los servicios municipales básicos, necesarios para cubrir la demanda que supone el aumento de la capacidad residencial aprobada con las modificaciones tramitadas tanto por el Ayuntamiento como por la Comunidad".

Por lo que, según Ahora Murcia, "no cabe más remedio que establecer una moratoria para hacer una evaluación de la situación global en la que se encuentra la planificación del municipio y la gestión efectuada, para poder tomar las decisiones correctas de cara a buscar el interés general y bien común de todos los murcianos, dejando a un lado los intereses especulativos de una minoría, algo a lo que el Ayuntamiento de Murcia se niega una y otra vez".

Ante dicha negativa se ha procedido a seleccionar, en primer lugar, las Modificaciones Puntuales del PGOU más significativas junto con la Adaptación del PGOU a la Ley del Suelo de la Región de Murcia, y presentar la solicitud de revisión de oficio y anulación de dichas actuaciones ante la CARM y el Ayuntamiento de Murcia.

En concreto, según ha puntualizado la concejal, se trata de las seis más representativas aprobadas por la Comunidad Autónoma, como el Parque Científico Tecnológico, -que prevé la ampliación de la capacidad residencial de 1.243.000 metros, de unas 1.300 viviendas-, o La Paz; y doce aprobadas por el Ayuntamiento de Murcia, "como modificaciones en los fallidos resorts".

En total, ha señalado Micol, "todas estas modificaciones suponen el aumento de capacidad de los 400.000 habitantes", pero la formación interpone otro recurso a la adaptación del Plan General, aprobado por una orden en diciembre de 2005, "que supuso un aumento de la edificabilidad de 4.372.750 m2 de techo, equivalente a 43.727 nuevas viviendas en lo que antes era huerta".

Total, Ahora Murcia habla de un aumento de 7,19 millones de metros, por lo que solicita la revisión de oficio y anulación de actuaciones urbanísticas que suponen 11.291.778,97 metros cuadrados (edificabilidad), lo que equivale a 112.917 nuevas viviendas.