Así, a través de un comunicado emitido este sábado, los afectados han recordado que "miles de preferentistas todavía no recuperaron sus ahorros", "víctimas" de una "escandalosa operación" en la que "las arcas del Estado" perdieron "más de 8.000 millones de euros" derivados de la fusión de las cajas gallegas y la posterior venta de Novagaliciabanco a un fondo venezolano.

De este modo, ha tachado de "irrosoria la pena que se le aplica a la cúpula de Novacaixagalicia" por "saquear el ahorro del pueblo gallego", al tiempo que ha reclamado que se depuren las "responsabilidades políticas" de esta "estafa masiva".

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

"Los gobiernos del PP en Madrid y Galicia actuaron siempre negándonos nuestros derechos, legalizando la estafa, imponiéndonos la quita, aprobando las famosas tasas judiciales para dificultar el acceso a la justicia, regalando la entidad sin poner como condición que devolviera todo el capital que había estafado y reprendiendo con multas a los miembros de las plataformas", reza el comunicado.

Así las cosas, ha criticado que el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "no se dignó a recibir" en su momento a las plataformas de afectados y que a través del por aquel entonces conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, ofreciese "la vía del arbitraje para resolver solo el 5% de los casos que, según ellos, era el porcentaje de ahorradores que había pillados en esta masiva estafa".

Asimismo, ha recordado que "quedan varios miles de personas afectadas" y que la propia Abanca "sabe quién son", por lo que reclaman al vicepresidente de la entidad bancaria, Juan Carlos Escotet, que "cumpla su palabra" y retorne los "más de 100 millones de euros por devolver de los más de 1.800 millones estafados inicialmente".

Por último, pide que "se depuren responsabilidades políticas" y que se retome "la Comisión de investigación en el Parlamento gallego", así como que "se revisen las penas impuestas a la cúpula de Novagaliciabanco", ya que consideran "vergonzoso y lamentable" que "las personas que robaron los ahorros de los gallegos tengan una condena de cárcel irrisoria de dos años".