Los cuatro grupos con representación en el Parlamento de Galicia han registrado este miércoles una nueva proposición de ley para solicitar la transferencia de la titularidad de la Autopista del Atlántico (AP-9) y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión.

Se trata de un nuevo texto acordado por PPdeG, En Marea, PSdeG y BNG, suscrito por los 75 diputados de la Cámara -entre ellos, Alberto Núñez Feijóo, y sus 10 conselleiros (que también son parlamentarios)-, en el que se eliminan las cuestiones que motivaron el veto por parte del Gobierno a su debate en el Congreso el pasado mes de octubre.

En concreto, se ha retirado el plazo máximo de seis meses para el traspaso efectivo de la citada autopista y se pone por escrito -en una disposición adicional- que el cambio de titularidad no supondrá ningún incremento de los créditos ni disminución de los ingresos previstos en los presupuestos estatales en vigor.

En la exposición de motivos, los grupos subrayan que la AP-9 es una "vía vertebral que conecta toda la franja atlántica y cinco de las siete grandes ciudades gallegas" y reivindican la gestión desde Galicia de una de las autopistas "más importantes" para la comunidad "desde el punto de vista social y económico".

La proposición de ley orgánica, que consta de dos artículos, tres disposiciones adicionales y una disposición final, se asienta en varios artículos de la Constitución y del Estatuto de Autonomía.

TRASPASO Y FUNCIONES QUE ASUMIRÍA GALICIA

En concreto, en el artículo uno de la proposición de ley se concreta la transferencia a la comunidad de la titularidad, las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, así como las funciones y servicios hasta ahora ejercidos por la Administración general del Estado en relación con la AP-9.

Así, se subraya que una vez realizado el traspaso, la Comunidad tendrá encomendada la autorización de la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptaciones o reformas de los existentes, así como de enlaces y vías auxiliares de la autopista.

También asumiría la supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la autopista, conforme la normativa general de carreteras y los pliegos que rigen la concesión; así como la potestad sancionadora respecto de incumplimientos de la concesionaria en la explotación de la autopista.

Asimismo, se haría cargo de las modificaciones que afecten al régimen económico-financiero de la concesión, en particular en lo que respecta a fijar, actualizar o suprimir tarifas y peajes, así como a la aplicación de programas de descuentos. También se encargaría de la redacción y aprobación de convenios, o de adendas a los actuales, para recoger nuevas condiciones relativas al régimen de la concesión, así como con ampliaciones o reducciones de la actual.

"Sin prejuicio de lo dispuesto", se recoge que la Administración general del Estado conservará a su cargo, respecto de la sociedad concesionaria de la AP-9, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor que fuesen motivadas por modificaciones adoptadas en el periodo en que tuvo la competencia.

"QUE NO SEA UN TRÁMITE"

Después de trascender el registro de esta propuesta, de la que ha informado el PPdeG, En Marea ha emitido un comunicado en el que reclama de la Xunta "un posicionamiento más firme" para que este traspaso se lleve a cabo.

"Esta nueva proposición no puede convertirse en otro trámite, en una pérdida de tiempo para el traspaso de la gestión o en una distracción más que se vuelva a convertir en papel mojado o que evidencia la falta de peso de la Xunta para su negociación con el Gobierno de España", advierte.

Según subraya, En Marea tiene el ánimo de conseguir que la "columna vertebral de Galicia" pueda "ser gestionada" por los gallegos, y recuerda que la actitud de la formación es "la misma en Galicia que en Madrid".

Así, informa de que, desde el Congreso, los diputados de En Marea presentarán una proposición no de ley para reclamar, "una vez más", esta transferencia.

VÍA PARA "SORTEAR EL VETO"

En declaraciones a Europa Press, el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha subrayado que se articula este acuerdo como la mejor "vía" para "sortear el veto" del Gobierno central para impedir la tramitación de la ley que inicialmente partió desde Galicia con la unanimidad de la Cámara.

"Es una demanda necesaria", ha subrayado el dirigente socialista, quien ha incidido en que la comisión bilateral activada entre el Gobierno central y la Xunta tiene una capacidad limitada, que se ampliaría con la transferencia. "Ésta es la vía adecuada para soportar el veto; ahora no debería haber problemas", ha zanjado.

"SIN EXCUSAS"

También Ana Pontón (BNG) ha resaltado la importancia de mantener "la unidad", tal y como "impulsó" la formación nacionalista desde el arranque de la legislatura, y ha subrayado que ahora el Gobierno central se queda "sin excusas" para mantener el veto a un traspaso que, de materializarse, permitiría intervenir en la "estafa de los peajes".

Ahora, ha llamado a "la responsabilidad" de todos los diputados gallegos en el Congreso para "respetar y ser fieles a la voluntad" unánime del Parlamento gallego.

Sobre la ausencia de una referencia al rescate de la infraestructura, Pontón ha replicado que la iniciativa "ni quita ni pone nada", ya que los términos se verían "en la propia negociación". "Tal y como está formulada no hay excusas para repetir una actitud tan antidemocrática como la del veto", ha zanjado.