De momento, la reclamación de la fianza o embargo de bienes en su defecto ha quedado paralizada porque las partes han presentado un recurso contra esta decisión del Juzgado al entender, según han confirmado a Europa Press fuentes personadas en la causa, "que existe falta de relación de causalidad con el incendio".

La fianza reclamada por el Juzgado que lleva el caso es por responsabilidad civil, no penal, y responde -según las mismas fuentes- a la valoración realizada en base a la consulta hecha al Gobierno regional por los costes de reparación de la zona, que se elevarían a una cuantía de más de cinco millones de euros, a lo que habría que añadir, en base a la Ley de Enjuiciamiento Civil, un tercio del coste para garantizar los costes e intereses derivados.

En todo caso, la fianza reclamada "solidariamente" a todos los investigados está paralizada hasta que se resuelva este recurso.

Las mismas fuentes han indicado a Europa Press que aunque no suele ser lo habitual que se reclame fianza sin que haya auto de apertura de juicio oral, la Ley de Enjuiciamiento criminal señala que cuando hay indicios de delito y este tiene una cuantía económica hay que asegurar las responsabilidades civiles.

La instrucción por estos hechos sigue abierta y hasta el mes de febrero hay previstas nuevas declaraciones de investigados por este suceso, entre ellos el ex alcalde de Chiloeches, César Urrea, cuya declaración estaba prevista para este martes pero hubo de suspenderse por motivos de agenda del letrado que le representa.

Sin embargo, si han prestado declaración responsables de la empresa Layna y hace varias semanas lo hacía el que fuera viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta, Sergio David González,

por presunta prevaricación medioambiental.

La mayoría de las diecinueve personas investigadas por el Juzgado de Guadalajara por esta causa lo están por presunta comisión de un delito contra el medio ambiente en la planta de reciclaje de residuos Kuk Medio Ambiente.