Los hechos se remontan al 4 de mayo de 2014 en el centro penitenciario onubense donde este funcionario prestaba servicio en un módulo que alberga a los internos más peligrosos. A los condenados, el juez los considera responsables de un delito de atentado y les aplica la atenuante de actuar en estado de arrebato u obcecación, según la sentencia, que dice textualmente: "cuasi obsesión tienen ambos internos con que están siendo perseguidos sistemáticamente de forma intencionada".

En un comunicado, el sindicato Acaip se muestra disconforme con el fallo y asegura que "el principal acusado ha sido condenado por treinta delitos a lo largo de su dilatada trayectoria delictiva, de los cuales tres de ellos han sido delitos de atentado contra los funcionarios públicos y otros tres por resistencia o desobediencia grave contra funcionarios públicos".

El juez impone también una multa de tres meses para estos presos, los cuales, según asegura Acaip, agredieron a este funcionario que "fue introducido por la fuerza dentro de una celda y agredido por dos internos, agarrándolo del cuello y propinándole golpes".

Del mismo modo, señalan desde el sindicato que uno de los agresores reconoce, según obra en la documentación en el proceso, que su intención "era secuestrar al funcionario para realizar una serie de reivindicaciones a la dirección del centro", a lo que añaden que "si la gravedad de los hechos no fue a mayores, evitando que la vida del funcionario corriere peligro, fue por la decisiva colaboración de otros reclusos y la rápida intervención de los funcionarios".

Aún así el funcionario, insisten, fue objeto de graves daños no sólo físicos sino también psicológicos, siéndole preciso tratamiento psicológico. Por tanto, entienden que "dicha resolución judicial no refleja la gravedad de los hechos"

Para Acaip, "un servidor público, como lo es un funcionario de Instituciones Penitenciarias, debe gozar de la mayor protección en el ejercicio de sus funciones", por lo que entienden que "las condenas debieran de ser más acordes a la gravedad del hecho, sino se puede dar la impresión que agredir a un funcionario perteneciente a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias sale realmente barato".

Por todo ello, Acaip Huelva prestará la asistencia jurídica necesaria al funcionario agredido para que dicha resolución judicial sea recurrida y "luchar jurídicamente para un mayor castigo de este tipo de hechos y obtener una mayor protección de este colectivo ante este tipo de agresiones".