Todas las fuerzas con representación en la Cámara gallega (PPdeG, En Marea, PSdeG y BNG) han coincidido este martes en defender que la Justicia debe actuar con "eficacia" y "agilidad", con el fin de no prolongar "eternamente" las instrucciones para que se cumpla con las garantías de los investigados y, al tiempo, evitar "facilidades" para la anulación de los procesos.

El debate ha llegado al Pazo do Hórreo a raíz de un informe de Vigilancia Aduanera, en el que dos magistrados de Galicia descalifican a Pilar de Lara así como esa entidad que participa en investigaciones de la jueza de Lugo, ligada a varias 'macrocausas' que investigan supuestos de corrupción en la comunidad tales como las operaciones Pokémon y Cóndor.

En las conversaciones intervenidas incluidas en el informe, recogido por Europa Press y adelantado este martes por la Cadena Ser, un juez gallego descalifica, cuando habla con un empresario investigado por blanqueo, el trabajo de la jueza. De hecho, uno de los magistrados dice a su interlocutor que "la jueza De Lara está loca perdida".

"No soy la persona adecuada para hablar de cuestiones sub iudice", ha replicado, preguntado al respecto, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, quien, además de asegurar que desconoce la cuestión, ha aludido a la "división de poderes" antes de subrayar que, desde el Legislativo, es "particularmente oportuno ser respetuoso con el poder judicial, que habla fundamentalmente a través de sentencias".

"No tengo ninguna opinión sobre esa información que sea digna de ser hecha pública", ha esgrimido el dirigente popular, quien, en todo caso, ha apelado desde una perspectiva más general al "viejo aforismo de que una justicia lenta no es justa", cuestión que ve "aplicable a éste o a cualquier otro caso en el que se alarguen los procesos de instrucción".

Ha añadido que la opinión de que es preciso agilizar las instrucciones es "compartida por todos" e incluso la defendió el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas.

"NO DEBERÍA DAR LUGAR A SANCIÓN"

Su homólogo en el grupo de En Marea, Luís Villares, procedente del ámbito judicial, sí ha entrado en el fondo de la cuestión al manifestar que considera que "las conversaciones del ámbito privado que realicen dos magistrados es algo que no debería dar lugar a ningún tipo de sanción", toda vez que "el ejercicio de la crítica" a las resoluciones judiciales o a una forma de actuación de un juez "forma parte del debate público".

"No creo que merezca ninguna sanción", ha insistido, para añadir que, desde una perspectiva más general y como ya manifestó en otras ocasiones en su faceta previa de portavoz de Xuíces para a Democracia, "las instrucciones no pueden durar eternamente". A su juicio, es "inaceptable" que una instrucción "dure cinco años".

Al respecto, ha apuntado que "a veces faltan medios" para que los magistrados puedan hacer "bien su trabajo" y ha subrayado que conseguir determinadas pruebas (como un análisis de ADN o de un correo electrónico) puede llevar "meses", si bien ha añadido que la ley de enjuiciamiento criminal provee vías para evitar retrasos, como la posibilidad de las piezas separadas, y ha ejemplificado con la instrucción del Caso Palma Arena. Así, ha insistido en que tan necesario es "tirar del hilo" como "trocearlo" cuando se exige.

Lo que, a su entender, no es "normal" es que haya juzgados "con retrasos anormales de forma sistemática" como consecuencia "de su forma de instruir". Para Villares, es preciso "corregir" esta "anomalía", puesto que la "duración indefinida" de una instrucción es "inaceptable" desde el punto de vista de las personas investigadas y, además, "facilita" que un proceso sea anulado.

Ante la insistencia de si debería investigarse si hay presiones sobre De Lara, el portavoz de En Marea se ha reafirmado en su intención de no pronunciarse sobre "conversaciones particulares".

EVITAR DETERMINADOS "EPISODIOS" EN LA JUSTICIA

El socialista Xoaquín Fernández Leiceaga, por su parte, ha reivindicado el funcionamiento "diligente, eficaz y correcto" del Poder Judicial como "elemento básico" del Estado de Derecho.

Lo ha hecho antes de lamentar "episodios" como el publicado este martes en relación a De Lara, que "ponen en cuestión desde dentro" el funcionamiento de las instituciones y "no contribuyen para nada" a avanzar en una "democracia más justa" en la que "los derechos de los ciudadanos estén más seguros".

"Todos deberíamos hacer un esfuerzo para que el Poder Judicial no solo funcione más eficazmente, sino que refuerce su legitimidad a ojos de los ciudadanos. No se trata de que la Justicia sea eficaz, sino que también lo parezca. Estos episodios no son nada edificantes", ha zanjado.

"AGILIDAD" Y ACLARAR SI HAY PRESIONES

La portavoz parlamentaria del BNG, Ana Pontón, ha incidido en que "la Justicia que a veces actúa no es neutra ni ciega" y ha lamentado que haya casos judiciales "con sumarios abiertos que no se finalizan y grandes operaciones mediáticas que no llegan a ninguna conclusión, donde parece que puede haber personas que tienen una mancha pero que la Justicia no acaba resolviendo".

Por ello, ha pedido "dotación, rapidez y agilidad" en la Justicia y que se aclare "si hay alguna presión" porque, que la haya, "no sería de recibo". "Pero tampoco es de recibo que haya grandes operaciones abiertas durante 10 años sin conclusión. Eso no es Justicia, es sembrar dudas acerca de todo el mundo", ha remarcado.

Por último, ha señalado que en España hay "muchos ejemplos" de Justicia que "actúa al dictado o de forma muy paralela a los intereses de ciertas formaciones política", y ha manifestado de que se produzca una "reforma" que garantice la independencia judicial, "una materia pendiente, como otras muchas, en el régimen surgido del año 78".

"Hay muchos pasos que dar para que la Justicia funcionase de forma independiente", ha zanjado.