Según detalla el gobierno municipal en un comunicado, los trabajos comenzarán tras ser adjudicados a la empresa Edificarte por un importe de 2.405 euros (IVA incluido).

El concejal de Memoria Democrática, Martín Vila (GCC), ha señalado que "la retirada de esta simbología es una cuestión de deber democrático, de derechos humanos y de aplicación de una ley como es la Ley de Memoria Histórica, cuyo cumplimiento ha brillado hasta ahora por su ausencia".

En esta línea, ha asegurado que "este tipo de retiradas se están haciendo por el camino acertado, a través de una Comisión en la que participa la sociedad civil, documentando y justificando cómo actuamos y por qué".

Esta comisión dictaminó que "no existe ningún tipo de valor artístico u histórico, ni forma parte del alzado original de la fachada por lo que se abogó por su retirada y destrucción", ha señalado. Tras la propuesta, esta supresión está avalada por la Comisión Provincial de Patrimonio.