Según el Servicio Nacional de Caminos, hay 52 puntos de bloqueo en las carreteras del país y ya no existe ningún departamento libre de la acción de los manifestantes.

Con la colocación de piedras sobre el asfalto los manifestantes mantienen a Bolivia prácticamente aislada del exterior por tierra, aunque los aeropuertos siguen operando, tanto para los vuelos nacionales como internacionales.

Las autoridades calculan que la economía boliviana pierde entre 20 y 25 millones de dólares diarios por las protestas.

La ciudad de La Paz y la localidad aledaña de El Alto, epicentro del conflicto desatado hace dos semanas, volvieron el viernes a ser escenario de manifestaciones de los sindicatos, que un día más impidieron el normal desarrollo de las actividades urbanas.

Además, se cumplió la segunda jornada de una huelga del transporte público que obliga a los ciudadanos a desplazarse a pie a sus puestos de trabajo. En los comercios comienzan a escasear los productos por el desabastecimiento y en las estaciones de servicio las reservas de combustible se agotarán el domingo si no reciben el suministro comprometido por las autoridades, según dijo el presidente de la Asociación de Surtidores, Gonzalo Loza.

La planta de combustible que aprovisiona a La Paz, situada en la zona de Senkata, se encuentra cercada por la huelga que realizan desde hace dos semanas los vecinos de El Alto, que también impide la salida de vehículos desde La Paz hacia el resto del país.

El secretario ejecutivo de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, Abel Mamani, dijo el viernes que el paro proseguirá durante todo el fin de semana y anunció para el lunes una gran marcha a la ciudad de La Paz.

Las protestas continúan a pesar de que el presidente Mesa intentó rebajar la tensión con un decreto de convocatoria a comicios para elegir a los miembros de una Asamblea Constituyente y para votar un referéndum sobre autonomías. Mesa tomó el jueves esta decisión después de que el Congreso no alcanzara un consenso sobre la cuestión y pospusiese nuevamente la reanudación del debate en el Legislativo hasta el próximo martes, pese al "momento de extrema urgencia" por el que atraviesa la nación.

El decreto del Ejecutivo ha encontrado, sin embargo, la oposición de varios sectores y regiones, que lo consideran inconstitucional. Los representantes cívicos y empresariales de Santa Cruz, el departamento que lidera el plan regionalista con el respaldo de otras tres regiones, anunciaron su rechazo a la iniciativa gubernamental y ratificaron su decisión de celebrar por su cuenta un referéndum sobre autonomías el 12 de agosto.

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Germán Antelo, recordó a los medios de comunicación que la institución "ha seguido respetuosamente todos los pasos legales para solicitar" la consulta autonómica, en alusión a la recogida de firmas suficientes para lograr ese fin. Antelo acusó a Mesa de emitir un decreto que "busca eliminar la vinculación departamental de la votación", ya que propone que los resultados de la consulta vinculen a la Asamblea Constituyente. Además, llamó a la población cruceña a movilizarse, como en enero, cuando alrededor de 400.000 personas, según los organizadores, expresaron en una gran concentración popular sus ansias regionalistas.

Aunque es previsible que las protestas bajen en intensidad durante el fin de semana, el líder de los cocaleros, Evo Morales, presidente del opositor Movimiento Al Socialismo, ha asegurado que los manifestantes "no se van a cansar, no se van a rendir".

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