El gobierno municipal de Ada Colau en Barcelona estrecha el cerco a las residencias estudiantiles que operan ilegalmente como alojamientos turísticos. Ya son 15 las localizadas, pues a las dos que se detectaron en verano, se suman ahora otras 13 que ofrecen sus habitaciones tanto a alumnos como a viajeros a través de internet, y a las que el Ayuntamiento abrirá en las próximas semanas un expediente sancionador.

Lo ha anunciado la teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, que también ha informado de que el consistorio dictará una orden de restitución de la legalidad para cada uno de estos centros, con el objetivo de que dejen de actuar como alojamientos turísticos y se ciñan a la actividad para la que tienen licencia: acoger a estudiantes.

"Hay una oferta ilegal descontrolada que impacta en el día a día de la gente", ha apuntado, y ha añadido que esta no solo es irrespetuosa con la ley, sino que además es económicamente insostenible y expulsa a los vecinos de los barrios más afectados.

De las 13 residencias de estudiantes a las que se sancionará por hacer una actividad que no deben, cuatro están situadas en Ciutat Vella; una, en el Eixample; una, en les Corts; dos, en Sarrià-Sant Gervasi; cuatro, en Gràcia; y una, en Horta-Guinardó. La Llei de Turisme de Catalunya tipifica como una infracción muy grave el hecho de ejercer como alojamiento turístico sin licencia y establece por ello multas de entre 30.000 y 600.000 euros.

El importe de las sanciones para cada uno de los 13 centros, explicó Sanz, se determinará en función de los beneficios económicos que hayan obtenido a costa de operar de forma irregular.

Lo mismo sucederá con las otras dos residencias de Melon District detectadas en verano –una en Sant Martí y la otra en Sants-Montjuïc–, que todavía no han hecho llegar al consistorio la información sobre sus ingresos que se les ha requerido para poder establecer la cuantía de las sanciones.

Estas actuaciones municipales contra los centros de estudiantes que se ofrecen a viajeros forman parte del plan de choque del Ayuntamiento contra los alojamientos de uso turístico sin licencia. Hasta el 31 de octubre el consistorio emitió 709 órdenes de cese a pisos turísticos ilegales –de estos, 79 han dejado de operar–, abrió 2.943 expedientes a raíz de inspecciones y cursó 1.327 procedimientos sancionadores.

También detectó 44 alojamientos que operan como hostels sin licencia. Ya ha iniciado procedimientos disciplinarios –orden de cese de la actividad y expedientes sancionadores– para 30 de ellos y está pendiente de empezarlos con los otros 14.

El Ayuntamiento recibió entre julio y octubre 1.547 quejas ciudadanas de pisos turísticos ilegales a través de la web barcelona.cat/habitatgesturistics, que además de hacer reclamaciones, también permite consultar todas las direcciones de apartamentos con licencia.

Además, se atendieron 725 llamadas a los teléfonos gratuitos 010 y 900 226 226, que se facilitaron a los vecinos a través de 807.000 cartas. Se recibieron, asimismo, otras 88 quejas a través del resto de canales existentes.

En total son 2.360 reclamaciones. El consistorio analiza si los pisos detectados por los ciudadanos tienen o no licencia, para actuar con el procedimiento disciplinario correspondiente en caso de que sea necesario.