En declaraciones a los periodistas, Crespín ha aclarado que esto no tiene nada que ver con el procedimiento ahora iniciado por el Ayuntamiento de Córdoba, de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que conllevaría el traslado de la factoría de Cosmos fuera del casco urbano, si es que la empresa pretende implantar la valorización de residuos en su sistema productivo, algo que aún no ha hecho, pero para lo que disponte de autorización, por parte de la Junta de Andalucía.

A este respecto, la delegada ha señalado que "el Ayuntamiento decide", desde su autonomía competencial, "dónde están las empresas, y la Junta decide el cómo", en cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental por las mismas, ya que, según ha subrayado, "el Gobierno de Andalucía, como no puede ser de otra manera, en este aspecto no puede ser discrecional: si se cumple con la Ley, se puede trabajar, y si no se cumple con la Ley, pues no se podrá trabajar".

Así, según ha recordado Crespín, la autorización ambiental integrada de la que dispone Cosmos y que le permitiría recurrir a la valorización de residuos como fuente de energía, aunque no la está empleando, estará "en vigor hasta abril de 2017", momento en el que la delegada supone que la cementera solicitará a la Junta una "prórroga" de dicha autorización, que se le concederá o no en función de "si cumple o no con las exigencias legales autonómicas, estatales y europeas" correspondientes.

Así, según ha aclarado Crespín, antes de que llegue ese momento, y antes también de que la modificación del PGOU se apruebe definitivamente y pueda obligar a Cosmos a trasladar su factoría, la cementera tiene que seguir adaptándose, como el resto de industrias, a la nueva normativa que surja y que le es aplicable, como ocurre ahora, al someterse al trámite de información publica el procedimiento de revisión de las condiciones de la autorización ambiental integrada para Cosmos.

A eso y no a otra cosa, es a lo que se refiere una resolución de la Administración autonómica publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), criticando en este punto Crespín "que se están diciendo cosas" que no se corresponden con la realidad, "y están haciendo de portavoces de la Junta de Andalucía quien no representa a la Junta de Andalucía", refiriéndose así "a la Gerencia de Urbanismo" del Ayuntamiento de Córdoba.

ACLARACIONES DE MEDIO AMBIENTE

En relación con este asunto se ha pronunciado también el delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Córdoba, Francisco de Paula Algar, quien en un comunicado ha señalado que "la resolución publicada ayer en el BOJA de sometimiento al trámite de información publica, es un acto de trámite del procedimiento de revisión de las condiciones de la autorización ambiental integrada, con independencia del combustible que se emplee en las instalaciones, para cumplir las exigencias impuestas por la normativa de la Unión Europea (UE)".

Además, según ha indicado, "dicha normativa obliga a que todas las autorizaciones ambientales integradas se adapten a las mejores técnicas disponibles (MTD), conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales".

Por último, el delegado ha aclarado, en el mismo sentido que ha hecho Crespín, que "todo ello es independiente del respeto al ejercicio de las competencias urbanísticas que corresponden al Ayuntamiento de Córdoba, en el ámbito de su autonomía local".