"La entrada en vigor de estas dos normas supone un punto de inflexión en la regulación y el funcionamiento de la administración pública en cuanto establecen un nuevo marco normativo que regula, de un lado, las relaciones externas entre la administración y los ciudadanos y, de otro, el funcionamiento interno de cada administración y de las relaciones entre ellas", ha destacado la delegada de la Junta, Ana Cobo.

En este sentido, ha señalado que esta reforma integral aspira a convertir la administración, en una herramienta, cada vez, más electrónica, interconectada y transparente. Ha dicho, además, que la nueva normativa apuesta por la mejora en la organización y funcionamiento de las propias administraciones, de acuerdo con el proyecto general de mejora de la calidad normativa.

De esta manera, según ha comentado Cobo, se oferta un espacio en el que se pretende ofrecer una formación sobre estas leyes, una formación coordinada y de calidad, que atienda las necesidades profesionales y las novedades técnicas para facilitar la gestión del conocimiento.

"Desde el Gobierno andaluz queremos responder a las demandas de nuestros profesionales y solventar las dudas que pudieran plantearse sobre las mismas para optimizar su trabajo y ofrecer a la ciudadanía la mejor respuesta posible", ha destacado.

En esta línea, ha remarcado que para prestar ese servicio de calidad, la formación de los empleados públicos es un elemento nuclear. "Los técnicos son la pieza clave del sistema, las personas que hacen de la administración pública un ente de futuro, más flexible, innovador, orientado a objetivos y a la satisfacción tanto de los intereses generales, como de las necesidades concretas de las personas", ha asegurado la delegada.